El 2024 será recordado por los intensos debates sobre la Hacienda Pública en Colombia. Un déficit de $12 billones dejó al Gobierno operando sin un presupuesto aprobado, y ahora la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha tomado protagonismo, buscando transferir más recursos a municipios y departamentos para aliviar sus finanzas. El SGP, regulado por los artículos 356 y 357 de la Constitución, establece cómo el Gobierno Nacional transfiere fondos de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) a las regiones para financiar servicios esenciales como educación, salud, agua y saneamiento.

En 1991, el SGP contemplaba destinar el 46,5% de los ICN, pero esta proporción ha disminuido drásticamente, pasando del 40% en 2002 al 23,8% actual. Los senadores a favor de la descentralización buscan revivir el espíritu constitucional proponiendo un aumento en las transferencias a las entidades territoriales. Aunque inicialmente se planteó el 46,5%, finalmente se aprobó el 39,5% de los ICN. Sin embargo, estos recursos están asignados a usos específicos: el 58,5% a educación, el 24,5% a salud y el 17% a saneamiento básico y otros fines generales, conforme a la Ley 715. Esto significa que, aunque los departamentos y municipios reciban más fondos, solo podrán usarlos en sectores previamente definidos. Para ampliar su margen de uso sería necesario reformar también las competencias entre la Nación, los departamentos y los municipios.

Hasta aquí, la propuesta parece positiva: desde las regiones se reclama el dinero que la Constitución prometía y que reformas posteriores limitaron. Sin duda, más fondos para las debilitadas finanzas municipales serían bienvenidos. No obstante, surge una pregunta: ¿qué efectos tendrá esta reforma en las finanzas nacionales y en la estabilidad macroeconómica? Para el Gobierno nacional, el SGP es una transferencia registrada como gasto de funcionamiento. Si este rubro aumenta y debe también cubrirse el servicio de la deuda, el presupuesto de inversión sería el principal afectado. Estos recursos de inversión son los que financian proyectos como Aerocafé, las vías del hermanamiento, las carreteras rurales y otras iniciativas estratégicas en tecnología y desarrollo.

Instituciones como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda advierten que la reforma podría reducir la inversión pública, limitando la capacidad para financiar el Plan de Desarrollo, el cual, tras dos años de Gobierno, presenta más incertidumbres que logros. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alerta que esta reforma podría agravar el déficit fiscal al incrementar el gasto más allá de los límites permitidos. También se advierte que aumentar las transferencias sin reformar las competencias de los gobiernos locales, ni mejorar su capacidad de gestión, podría llevar a un uso ineficaz de los fondos.

¿Qué debió suceder primero? Una reforma a las competencias de la Nación, los departamentos y los municipios, acompañada de una reforma tributaria territorial que redefiniera las fuentes de ingreso y el alcance de cada entidad territorial. Sin embargo, se optó por aumentar los ingresos antes de ajustar las competencias, dejando esta tarea para un nuevo proyecto de ley que, según el ministro Cristo, “implicará una discusión de dos años sobre la ley de competencias.” Esta situación abre una ventana de oportunidad para hacer campaña al Congreso y a la Presidencia en medio de la discusión de la reforma. ¿Será esta reforma una vía para resolver problemas estructurales o solo una fuente de clientelismo e ineficacia en la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales? Amanecerá y veremos.