En la Edad Media la sociedad se organizaba mediante relaciones de pleitesía y lealtad: el vasallo servía a su señor a cambio de protección y permiso para trabajar la tierra.
Este sistema definía el poder económico y creaba una estructura en la que los límites entre la voluntad del señor y las posibilidades de sus vasallos no eran claros.
En Colombia, la política tradicional reproduce esta lógica feudal, en la que los gobernantes en lugar de responder al mandato de la ciudadanía, priorizan su lealtad a los grupos de poder hegemónicos o a las oligarquías que los han cooptado. Es la base del vasallaje moderno.
Desde la psicología de la Gestalt, Fritz Perls usa la idea de "figura y fondo" para argumentar que la sociedad confunde al gobernante con los intereses que lo determinan.
El vasallaje moderno en la política colombiana es posible porque la ciudadanía solo percibe la figura del gobernante y no el fondo, los intereses que lo condicionan. Esta percepción limitada permite que las estructuras de poder sigan funcionando de manera opaca, sin una verdadera rendición de cuentas.
Para romper con este lastre es necesario cambiar el enfoque y comprender quién realmente ejerce el poder en el país.
La práctica de la accountability -la obligación de los gobernantes de rendir cuentas- es reemplazada por los comités de aplausos que organizan los burócratas tradicionales.
Esta falta de transparencia permite que la corrupción y el clientelismo prosperen, y mantiene intactas las estructuras de la politiquería tradicional.
Sin participación ciudadana, sin transparencia y sin responsabilidad política individual y de partido, la política sigue funcionando como un feudo en el que los intereses privados prevalecen sobre el bien común.
El reciente Consejo de Ministros convocado por el presidente, Gustavo Petro, y transmitido por televisión, con récord de audiencia, representó un intento inédito de transparencia en la toma de decisiones gubernamentales.
Al permitir que la ciudadanía observara el debate interno del Gobierno, Gustavo Petro desafió la estructura de poder tradicional, en la cual los acuerdos políticos se negocian a puerta cerrada, bajo la influencia de las élites económicas y mediáticas.
Para ellos, irónicamente, lo importante no son los pactos que se hagan, sino que la gente los desconozca, para mantener la “estabilidad del gobierno”, sin perder la “gobernanza”.
Sin embargo, el gesto democrático del presidente fue rápidamente tergiversado por los sectores de extrema derecha y los medios corporativos de comunicación, que intentaron convertirlo en una muestra de caos y descomposición del Gobierno.
La narrativa que buscan imponer esas élites es la de un presidente incapaz y enfermo. Para ello apelan al “estado de salud mental”, usándolo como arma política para desacreditar su liderazgo, presentándolo como errático, paranoico e incapaz de gobernar, y sugiriendo incluso su eliminación de la escena política (defenestración, dicen) por cualquier medio.
Sin duda, la narrativa de los poderes hegemónicos responde a la lógica feudal de la política: cuando un gobernante no se somete a los poderes tradicionales estos recurren a la deslegitimación personal para recuperar el control del Estado y sus decisiones.
Coletilla: Gobernar con transparencia es revolucionario, pero en Colombia prefieren verlo como un problema psiquiátrico.