El diploma de Terror.
LA PATRIA|MANIZALES
En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se puso al descubierto un holding criminal integrado por tres empresas de seguridad que alquilaban armas de fuego a integrantes de grupos al margen de la ley, quienes además eran vinculados como escoltas y coordinadores de escoltas, recibiendo las armas y salvoconductos para transportarlas en el territorio nacional de manera “legítima”.
Así las cosas, la operación culminó con la captura de los 3 representantes legales de las empresas, quienes enfrentarán cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La investigación demostró que estas empresas vinculaban a criminales como falsos empleados de vigilancia privada, dándoles armas amparadas legalmente para evitar la acción de las autoridades.
Oliverio Isaza, alias Terror, hijo de Ramón Isaza, era uno de los que obtuvo este diploma, según la Policía.
Así funcionaba
El modus operandi incluía la nominación de criminales como escoltas o coordinadores de escoltas, con lo cual se le alquilaban armas de fuego para movilizarse sin mayores restricciones, facilitándoles el desarrollo de actividades delictivas en sus zonas de injerencia.
De hecho, se estableció que el denominado Clan del Golfo sería de los clientes habituales del Holding criminal, así como otros grupos de delincuencia organizada.
En la revisión documental se estableció que 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales y algunos de ellos habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Así mismo, se logró evidenciar que en caso de que las armas fueran incautadas en algún procedimiento de las autoridades, las empresas las recuperaban relativamente fácil debido a que se encontraban amparadas con los documentos exigidos por la ley.
“Junto a las capturas se procedió a aplicar la extinción del derecho de dominio a 8 bienes muebles e inmuebles avaluados en 1.800 millones de pesos, así como la incautación de 100 armas de fuego que serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional
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