En la vida cotidiana, la mediación es un proceso para la resolución de conflictos (tensiones) en el que una tercera persona, imparcial y desinteresada, ayuda a las partes a llegar al acuerdo, simplificando procesos y estableciendo puentes de comunicación y comprensión. Desde mi profesión, la Sicología, la mediación incluye el trabajo de las emociones y las dinámicas relacionales para reducir tensiones y mejorar las relaciones entre los involucrados.
Otras profesiones también aportan; por ejemplo la Sociología se ocupa de la cohesión, la integración y la interacción social; la Economía orienta el recurso hacia inversiones productivas; el Derecho ayuda a resolver controversias; la Administración conecta la oferta y la demanda y facilita la transacción, etc. Desde las Ciencias Políticas se buscan consensos en temas fundamentales como la paz; la justicia social y la reducción de la desigualdad; los efectos del cambio climático y sostenibilidad ambiental; los derechos humanos y de las minorías; la seguridad integral; la reactivación económica y el desarrollo sostenible; la transparencia y la lucha contra la corrupción; el urbanismo y el ordenamiento territorial alrededor del agua; la participación ciudadana y la cultura democrática; las reformas educativa, de salud, agraria, laboral, de pensiones, etc. Consensos buscados mediante acuerdos o alianzas entre actores sociales y políticos, como lo ha propuesto y lo viene haciendo el Gobierno nacional.
El mediador se transforma en intermediario politiquero cuando, en lugar de centrar sus esfuerzos en abordar problemas estructurales o en promover acuerdos inclusivos, busca obtener beneficios propios (económicos, sociales o estratégicos), y favorecer a grupos particulares, y, además, interviene en la definición de las condiciones de esos acuerdos, desfigurando el propósito.
El rol y la gestión del mediador o del intermediario pueden calificarse de “bondadoso” o “perverso”, dependiendo del contexto, las motivaciones y los efectos. Algunos factores que caracterizan la perversa intermediación politiquera en Colombia son: (a) la motivación: enfocada en beneficios personales o del grupo de interés; (b) el efecto: promesas y recursos públicos intercambiados por votos y respaldos; (c) los jefes y aliados: conexiones con mafias y grupos armados ilegales y narcotraficantes que fortalecen redes corruptas y favorecen la manipulación de la voluntad de los electores; (d) la rendición de cuentas: prácticas opacas que ocultan la corrupción y los beneficios particulares; (e) el impacto en las políticas públicas: prima el interés particular sobre el interés social y comunitario; (f) la justicia social: manipulada para beneficiar sectores particulares, perpetuando la exclusión y la injusticia social; (g) la sostenibilidad: es cortoplacista y mantiene los problemas estructurales.
En Colombia la participación en política, y en particular en las elecciones, está dramáticamente influenciada por una intermediación perversa que, lejos de promover la cultura política ciudadana y la democracia participativa, se ha convertido en el mecanismo para mantener y reproducir la corrupción, el clientelismo y la consolidación de las mafias politiqueras. Sin embargo, si mediadores e intermediarios buscaran soluciones dignas y equitativas, actuando con transparencia y promoviendo la justicia social y el bienestar general, su rol podría ser positivo, incluso en un contexto tan complejo como el colombiano.
Coletilla: Lo que nos tiene “fregados” no es la mediación o la intermediación, es la corrupción.