Uno de los temas económicos más tentadores para abordar un final de año es, precisamente, la discusión del salario mínimo. Y esta vez no es la excepción, dadas las actuales condiciones de la economía colombiana y la gran expectativa que despierta la inflación a cierre de 2024. Y, como todos los años desde la expedición de la Ley 278 de 1996, debemos abordar el tema a partir de la famosa Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores.

De una parte, los trabajadores con la comprensible misión de negociar un salario justo que ‘alcance’ para suplir sus necesidades; de otra parte, los empleadores, con la razonable misión de cuidar los costos de producción de sus empresas; y en tercer lugar el gobierno de turno con la (…casi siempre) misión de cuidar los principales indicadores de la economía. Y si el consabido ‘tira y afloje’ entre las partes no llega a buen puerto, el gobierno nacional lo expide por decreto.

En términos estrictos, de este ajuste depende la remuneración de un poco más de 3 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo, según cifras del DANE. Sin embargo, suele omitirse del debate que de esta regulación también depende la suerte de los más de 10 millones de trabajadores informales que devengan menos de un salario mínimo: entre más alto sea este valor, menos probable es que logren acceder a un empleo formal, con todos los beneficios que ello acarrea. 

Y tengamos presente que a la cifra definida como salario mínimo deben sumarse las ‘arandelas’ que vienen atadas al salario, tales como subsidio de transporte, prestaciones sociales, parafiscales, cesantías, vacaciones, entre otras, que  le representan al empleador un sobrecosto del 66% por trabajador contratado formalmente por un salario mínimo. Al respecto, no son pocos los analistas y centros de estudios económicos que achacan al elevado costo de la contratación formal, los muy altos niveles de desempleo estructural en Colombia respecto de sus pares en la región.

Lo responsable entonces, es que el ajuste al salario mínimo esté dictado por la suma de la inflación observada y los cambios en la productividad laboral, lo que se conoce como la Regla Universal. Sobre lo primero, todo parece indicar que la inflación estará alrededor del 5.2% a diciembre de este año, mientras que sobre el incremento en la productividad laboral, le corresponde al DANE una estimación técnica que, el año pasado, se acercaba al 1%. 

Así las cosas, sorprende positivamente que el gobierno esté abogando por un incremento del 6.2% para 2025. Por su parte, los sindicatos de trabajadores parecieran ser conscientes del aciago panorama económico nacional, por lo que no estarían buscando una cifra muy por encima de la del gobierno. Esperemos pues que se materialice un acuerdo que permita arrancar el 2025 con una nota positiva en materia laboral y económica, con un salario mínimo por los lados de $1.380.000 y un subsidio de transporte por los lados de $172.000. Amanecerá y veremos.