Una regla de oro de las finanzas, quizás la más importante, aplicable a personas, familias y empresas, y en general a toda unidad económica organizada, es la planeación financiera y, muy especialmente, la responsabilidad de no gastar más allá de los ingresos, ni endeudarse más allá de la capacidad de pago.
En efecto, si una persona gasta una cifra mayor a su salario y el faltante, mes tras mes, lo resuelve con su tarjeta de crédito, y así durante varios años, al final del camino terminará quebrado.
Y con las empresas sucede exactamente igual. Requieren una rigurosa planeación financiera de ingresos, costos, gastos e inversiones, conjugada con un nivel de endeudamiento razonable que permita la debida atención de intereses y capital.
Por ello, si las empresas incumplen esa simple y sencilla regla, inexorablemente terminarán en problemas de liquidez y muy posiblemente, al final del camino, en la famosa “ley de quiebras”.
Ahora bien, esa simple y sencilla regla aplica de forma idéntica para el sector público. Es decir, así como las personas, familias y empresas deben planificar sus finanzas, las entidades públicas también están obligadas a ello.
Lo que pasa es que cuando se trata de las finanzas de la Nación, esa simple y sencilla regla se denomina, técnicamente, Regla Fiscal, que no es otra cosa que planificar adecuadamente para no gastar más de lo que se recauda ni endeudarse más allá de la capacidad de pago.
¿Y a qué viene todo esto? Resulta que la semana pasada el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), entidad independiente que hace seguimiento a las finanzas públicas de la Nación y emite recomendaciones para su sostenibilidad, alertó sobre el incumplimiento de la Regla Fiscal en el 2024.
Y el pronunciamiento no es menor, pues proviene de los mismos expertos que nombró este Gobierno, por lo que no pueden aducirse sesgos ideológicos o persecuciones políticas de funcionarios de administraciones pasadas.
Sencillamente, para el 2024, la Nación pronosticó mal los ingresos, por lo que terminó con un déficit fiscal superior a lo previsto por $21 billones.
Y para “justificarse”, el ministro de Hacienda argumentó que se trataba de “Transacciones de Única Vez”, que la misma Regla deja como tabla de salvamento para casos extraordinarios.
Pero, por supuesto, la debacle en el recaudo tributario del año pasado difícilmente clasifica como extraordinaria.
Y para el 2025 el panorama es igualmente complejo, pues el CARF estima que el recaudo tributario será $34 billones inferior a lo esperado.
Y sumado a ello, que el decreto de aplazamiento de $12 billones de gasto, recientemente expedido, no tendría un impacto palpable en la reducción del gasto efectivo.
En otras palabras, estamos ante otro “descache” cercano a los $50 billones en la programación de las finanzas públicas.
El incumplimiento de esta “simple y sencilla regla” por parte de la Nación y los problemas de liquidez de la tesorería nacional, pueden traer serios problemas colaterales. Solamente citemos uno el día de hoy: el sector eléctrico.
¿Aguantarán las empresas de energía el impago de los subsidios y demás deudas atrasadas? ¡Ojo con eso!