Los maestros entraron en paro para protestar por un cambio que se introdujo en la discusión del proyecto de ley estatutaria de educación. ¿Por qué dejar a los niños y niñas sin las últimas clases del semestre? Porque consideran que está en peligro la estructuración del derecho fundamental a la educación. Algunos de los puntos que ha puesto en estado de alerta a los maestros y contenidos en su comunicado: “Abajo a la enmienda….”, son los siguientes.
Por una parte, el artículo 39 de la propuesta establece que los resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber serán un elemento más que sirva para evaluar a los maestros. Tienen razón los maestros al decir que estas pruebas estandarizadas no pueden ser muy objetivas debido a las grandes diferencias de condiciones de aprendizaje que existen en el país; así, los resultados de los estudiantes de una pequeña vereda del Chocó no pueden ser comparables con la de los estudiantes de Bogotá o Bucaramanga, donde tienen muchas más posibilidades. Es cierto. Pero este efecto se podría observar más bien en el mejoramiento relativo para cada grupo. Los maestros deben ser conscientes que su evaluación también debe tener elementos estandarizados, realizados por terceros y referirse al impacto de su servicio. Hay que romper los círculos viciosos de las evaluaciones endogámicas que tanto les gusta. Como se puede ver, esta razón no pone en riesgo el derecho fundamental a la educación, sino que al contrario daría elementos que aseguren un mejoramiento continuo en su calidad.
En segundo lugar, consideran que el reconocimiento que la educación en Colombia tiene una estructura mixta, es decir, que hay tanto actores públicos como privados que prestan este servicio público que busca servir al cumplimiento del derecho a la educación. Desafortunadamente, desconocer esta naturaleza mixta ha sido una obsesión histórica de Fecode y una fijación enfermiza de algunos, que busca desconocer la realidad de la historia de la educación en nuestro país. Creemos que excluir esta realidad de confluencia de entidades oficiales y de entidades privadas muchas de las cuales son sin ánimo de lucro, sí que puede poner en peligro el derecho a la educación. No es aceptable la posición de Fecode en el sentido que los únicos que pueden asegurar este derecho son los establecimientos oficiales. Casi la mitad de estudiantes de educación superior están matriculados en universidades privadas. En colegios, el casi 20% de la cobertura está prestada por privados. En educación inicial estamos en pañales. Así pues, creemos que esta otra crítica es infundada. Es solamente un coletazo ideológico de los enemigos del sector privado.
En tercer lugar, consideran que un enfoque en competencias de la educación es nocivo. Cuando en todo el mundo se hace así, evidentemente con una orientación de educación integral. Nuevamente, consideran equivocadamente que la educación no debe estar alineada con el futuro laboral y profesional. Uno de los fines de educación es la preparación para esta vida productiva, no es el único, pero sí es fundamental.
En cuarto lugar, considera Fecode que establecer el criterio de la llamada meritocracia es sencillamente una limitación al derecho de la educación de mucha gente. Mientras que tengamos recursos limitados, el desarrollo del derecho a la educación deberá ser progresivo y por ello se requieren algunos criterios para asignarlos. El mérito, aunque ha sido duramente criticado como en el libro del profesor de Harvard, Michael Sandel, la Tiranía del Mérito, se convierte en una variable, defectuosa, pero útil para dar oportunidades.
No podemos aceptar que Fecode siga discutiendo los temas educativos a punto de paros que impactan negativamente la educación de niños y niñas. Discutamos sí con argumentos, no con paros.