Así lo expresó la presidente de Suramericana, anunciando el desmonte progresivo de una de las mejores EPS que además maneja más de cinco millones de afiliados. Esta fue la estrategia que la exministra Corcho, el presidente Petro y el ministro Jaramillo se propusieron hacer con la estructura de salud del país: desmontarla. Qué costo social, económico y obviamente para la salud de los colombianos tan grande. Qué dolor de país tener que estar presenciando esta capacidad de hacer daño de un gobierno. Será el responsable directo de las consecuencias en términos de salud que se generarán por esta transición. Ya hemos presenciado el desorden y desarticulación que ha tenido el Gobierno con el improvisado sistema de salud para los maestros, representados por Fecode, uno de sus socios políticos de campaña. ¿Cómo será con el resto de la población? Estamos frente a una crónica de una tragedia anunciada. Ya el exministro Alejandro Gaviria, desde el mismo consejo de ministros del Gobierno Petro, argumentó contra el despropósito que tenían con la reforma a la salud que se hundió en el Congreso.
Hoy, por la puerta de atrás, como lo había anunciado fría y calculadamente la exministra Corcho lo están haciendo. De las prestadoras de salud, tres grandes EPS privadas están en jaque mate. Una está intervenida, Sanitas; otra solicitó la liquidación, Compensar; y ahora otra pide su desmonte: Sura. Las apretaron hasta ahogarlas. Querían matarlas y lo están logrando. Estas tres habían desarrollado sistemas de atención muy modernos y con indicadores positivos a nivel del cuidado de la salud.
Estamos ante el entierro de tercera del sistema de salud que, con mucho esfuerzo había sido consolidado y mejorado, poco a poco, por muchos actores sociales. Un sistema que tenía muchas falencias, pero que era uno de los mejores del mundo no solo por su cobertura que es altísima para los estándares internacionales, sino por el bajo nivel de gasto de los bolsillos de los afiliados. Un sistema que requería un aumento del financiamiento del Estado, pero en vez de oír las voces que técnicamente presentaban las razones para aumentar los presupuestos para hacerle frente al uso de las nuevas tecnologías, al aumento de la expectativa de vida, los gastos por el coletazo post-covid, y el mayor uso de los afiliados, el Gobierno prefirió ver agonizar a las EPS a sus pies y darles un puntillazo final.
Es aterrador el peligro en que se está colocando un activo social tan importante como el sistema de salud. Están poniendo en riesgo de pérdida mucho conocimiento acumulado y muchas capacidades institucionales organizadas y articuladas. Qué tragedia como país. Triste final de las EPS, 30 años de esfuerzos botados a la caneca.
Ahora nos espera regresar a lo que los mayores conocimos como Seguro Social, un sistema oficial, monopólico, burocratizado, corrupto e ineficiente. Seguramente el Estado terminará gastando más recursos y prestando un deficiente servicio. En vez de haber mejorado el sistema existente con la idea de articular el proyecto preventivo con el cual hubiéramos tenido un salto cualitativo muy importante para bien de todo el país y especialmente para las zonas alejadas. Paradójicamente, las personas más pobres sufrirán mucho más porque tendrán que invertir más para lograr servicios oportunos.