Los datos de una encuesta a empresarios dejan sobre la mesa el aplazamiento de inversiones en el país.  El sondeo muestra también las razones. La principal es el incremento de tasas de interés, el 47% de los consultados lo señalan como el principal causante de la reducción de inversiones. La segunda causa fue la incertidumbre política, con un 31%. La tercera fue la incertidumbre económica propiamente dicha con un 20%. La Tasa de cambio y la inflación marcaron el 12%. Lo más grave de todo es que parar el ritmo de inversiones significa menor crecimiento en el futuro, posponiendo el fortalecimiento de la competitividad. En fin, significa que el pronóstico futuro será menos bueno, por lo menos. Y si la economía le va mal, y el desempleo aumenta, habrá más gente para salir a las calles. Es fundamental que el país no pierda los niveles de inversión, la economía hay que protegerla, para que la institucionalidad se mantenga.
En las causas está liderando el nivel de las tasas de interés que están ligadas también al aumento de la inflación. Y esta situación ha sido importada por las fallas del comercio internacional y el conflicto en Ucrania. Pero a su vez, en el caso colombiano la incertidumbre política está generando ruido y adicionando dinámicas negativas. Las llamadas públicas del gobierno y la oposición a marchar, la inestabilidad que están suscitando las reformas presentadas a estudio del Congreso y otras que están sobre los escritorios de los ministros, están minando el camino, oscureciendo el panorama, y deshaciendo oportunidades de crecimiento. En vez de sembrar esperanza están generando confusión y angustia.
Frente a la incertidumbre jurídica, política y en general del país, creemos que es fundamental que las reformas que el Gobierno quiere tramitar en el legislativo deben ser muy bien analizadas por los congresistas con la participación de las fuerzas vivas de la sociedad. Es fundamental que las voces de las universidades se escuchen, que los gremios, antes que oponerse, propongan. Hay un punto de partida fundamental en que todos estamos de acuerdo, la necesidad de buscar una mayor justicia social y de oportunidades en el país. Y que sea posible efectivamente gozar de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.  Aquí hay si se quiere un gran acuerdo nacional. El punto clave es el cómo.
¿Cuáles podrían ser los criterios para ponderar el cómo? Un primer criterio es la necesidad de respetar los desarrollos institucionales que se han logrado, muchos de ellos luego de la aprobación de la constitución de 1991. No podemos destruir para construir todo de nuevo. Es fundamental reconocer lo logrado y desde allí plantear las posibilidades de mejora, que las hay muchas. Pero sin desconocer lo ya existente. El segundo criterio es el impacto favorable en los más vulnerables y pobres. Allí debemos focalizar el impacto de las políticas públicas. El tercer criterio debe considerar la generación de una mayor estabilidad de mediano y largo plazo. La mirada no la podemos tener puesta en el corto plazo, que es una de las propensiones más comunes y peligrosas en los gobiernos de turno, que por el afán de dar resultados rápidamente demuelen los procesos estructurales y de gran aliento.
La bandera amarilla que muestran estas encuestas debe invitar al gobierno a bajarle la intensidad de la “reformitis radical” y pasar a buscar grandes consensos nacionales. Este es el camino que menos incertidumbre generará y asegurará un mayor impacto positivo en el bienestar del país y sus gentes. Ya el contexto mundial nos está colocando en situaciones complejas y adversas. No aumentemos los problemas, busquemos soluciones. La construcción de acuerdos nacionales es el camino.