Tras dos años y medio sin que Caldas contara con un contralor en propiedad, el pasado 20 de noviembre el doctor Juan Carlos Pérez presentó ante la Asamblea Departamental el informe de gestión de dicha dependencia, dando cumplimiento a la Ley 2200 de 2022 y la ordenanza 922 de 2022. Después de su intervención, le hice una serie de preguntas que deberá contestar no solo para aclarar mis dudas, sino también las de los caldenses, que siguen con incógnitas frente a las actuaciones de este ente de control sobre proyectos como Mil Viviendas, las Vías del Hermanamiento y el Renacimiento.

En cuanto a Mil Viviendas, el contralor indicó que desde el 11 de octubre del presente año comenzaron una actuación fiscal al proyecto, la cual será dada a conocer el próximo 27 de noviembre. Esperamos que con la documentación que ha recopilado el concejal de Chinchiná Jonathan Marín y exdiputados del departamento, la Contraloría pueda identificar quiénes fueron las personas que afectaron el erario público y permitieron que un contratista se quedara con más de 12 mil millones de pesos del Estado. Los ciudadanos ya están agobiados de ver que la plata se pierde y no pasa nada, dándoles argumentos a aquellos que dicen que hay que cambiar las contralorías porque no cumplen su función de hacer control. Esperamos que este contralor pueda recuperar esos 12 mil millones de pesos.

Frente a las vías del Hermanamiento, le conté al contralor lo que nos sucedió con un oficio que los diputados Luis Alberto Giraldo Fernández, Jorge Ariel Carmona Guzmán y el que escribe estas palabras, enviamos al gerente departamental de la Contraloría Caldas, Carlos Alberto Ramírez Grajales, poniéndolo en contexto sobre el tema y pidiéndole las acciones que había realizado.

Desde el ente nos indicaron que debíamos ser más explícitos cuando afirmamos que se venían presentando serias dificultades en la ejecución de la obra Riosucio-Jardín, Berlín-Florencia. ¿Más explícitos? Si es un hecho notorio, que ha sido socializado por los medios de comunicación y los diputados. La respuesta es una afrenta y un insulto hacia esta Corporación, más aún conociendo que el contralor departamental de Caldas remitió las seis PQRSD que hay radicadas a la dirección competente para su posterior análisis.

Además, interrogué al funcionario sobre las vigencias futuras ordinarias que se vencieron el 31 de diciembre del 2023 y que fueron incorporadas al presupuesto 2024 como pasivos exigibles-vigencias expiradas. La norma indica que cuando ocurre este tipo de eventos, la Administración Departamental tiene la obligación de remitir a la Contraloría y a la Procuraduría para que tomen las medidas del caso. ¿Qué ha hecho la Contraloría Departamental con esa función y esas vigencias expiradas? ¿Qué piensa la Contraloría sobre las vigencias futuras, porque no hay una ejecución correcta de los contratos? Ojalá conozcamos su concepto.

Esperamos que el contralor nos responda de forma escrita, tal y como lo solicitó la presidenta de la Corporación, para que en una nueva columna les cuente qué responde la Contraloría frente a nuestros cuestionamientos. ¿Será que la Comisión Regional de Moralización de Caldas pensará en abrir un espacio a los diputados y algunos concejales del departamento para que los contextualice sobre estos hechos?