La Asamblea de Caldas ha comenzado a socializar el proyecto de ordenanza 015, que fija el presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2025. Al analizar el documento, que consta de más de 149 páginas, es evidente que el departamento depende cada vez más de las transferencias de la Nación, principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP) y otros recursos con destinación específica, como estampillas y contribuciones que encarecen la contratación. De hecho, el 91,5% del presupuesto proviene de estas fuentes, mientras que solo el 8,5% corresponde a recursos propios de libre inversión.
Es alarmante que Caldas cuente con apenas $78 mil 494 millones en recursos propios para invertir en sus 27 municipios a lo largo de todo un año. Aún más preocupante es que estos escasos recursos se destinan principalmente a gastos operativos en lugar de a la formación bruta de capital; es decir, bienes y servicios tangibles que beneficien directamente a la población.
La narrativa que la Administración departamental utiliza para justificar su plan de inversiones no refleja la verdadera asignación de recursos ni las necesidades urgentes de las comunidades. Se ignora la importancia de abordar los indicadores de pobreza multidimensional. ¿No resulta contradictorio en un Gobierno que se promueve con el lema de “hacer familias más felices”?
El 49% de esos $78 mil 494 millones está concentrado en solo cuatro secretarías: Planeación, Hacienda, Privada y General, las cuales están principalmente orientadas a generar gasto operativo. Mientras tanto, sectores clave para el crecimiento económico, como Agricultura; Desarrollo, Empleo e Innovación; Medio Ambiente, y Vivienda, siguen esperando un aumento en sus presupuestos. ¿No es esto preocupante?
Esta asignación de recursos es incoherente, considerando que uno de los objetivos declarados es combatir la pobreza y la desigualdad en Caldas. Solo $650 millones para el sector minero, que lleva varios días en paro por falta de garantías; $80 millones para las organizaciones comunales y $200 millones para los jóvenes del departamento son claros ejemplos de una mala distribución de los recursos, dejando sin atender a grupos que verdaderamente lo necesitan.
Es sorprendente que en un departamento agrícola e industrial como el nuestro, el más exportador del Eje Cafetero, con ventas internacionales que alcanzaron los 1.200 millones de dólares en 2023, se asigne la misma cantidad de recursos a la Secretaría de Agricultura y al sector de Comercio, Industria y Turismo que a la Secretaría Privada. Pero esto no es todo. Un dato alarmante: durante la actual Administración se han firmado 1.573 contratos de prestación de servicios por $51 mil millones. A esto se suman tres contratos interadministrativos con Telecafé por $3 mil 079 millones, una empresa que el propio gobernador denunció por irregularidades, pero con la que sigue contratando. De esos 1.573 contratos, muchos podrían reducirse a la mitad. ¿Saben lo que significaría tener $30 mil millones adicionales para inversión? Podríamos mejorar el servicio de agua potable para los habitantes de La Merced o destinar esos recursos a proyectos cruciales como la terminación del Aeropuerto del Café.
Más allá de la crítica, el objetivo es contribuir a resolver los problemas de desigualdad en el departamento y asegurar que Caldas recupere su posición como un modelo de desarrollo para el país.