Noviembre comenzó con una noticia que se sabía desde abril del 2024, cuando la Gobernación de Caldas decidió prorrogar el contrato para la pavimentación de las vías Riosucio-Jardín y Berlín-Florencia, que forman parte del Hermanamiento con Antioquia. Lo que sucedió fue la crónica de un proyecto fallido, que desde abril del 2023 ha presentado alertas del Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas (COIC), exdiputados del departamento, los veedores de Riosucio y hasta los medios de comunicación.

El contrato de las vías del Hermanamiento se adjudicó el 14 de septiembre del 2022 por $33 mil 462 millones para pavimentar cerca de 14 kilómetros, con un plazo inicial de 15 meses. Sin embargo, tras completarse 22 meses, la obra quedó inconclusa y con dinero perdido. Esto que ocurrió nos lleva a reflexionar no solamente sobre la forma en cómo se están ejecutando las obras de infraestructura en Caldas, sino también cómo el Estado debe actuar para defender los recursos públicos y cómo la sociedad civil organizada se vuelve un elemento fundamental de veeduría.

Pese a las advertencias de exdiputados que denunciaron que el contrato haría parte de la red de corrupción del empresario Emilio Tapias y la sugerencia de actuales corporados de sancionar al contratista y finalizar el contrato antes de la prórroga, la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura prefirieron hacer caso omiso y favorecer al Consorcio Elein Samaná.

Por lo anterior, resultó totalmente absurda la forma como se levantó la sanción impuesta a finales del 2023 a este contratista: sanearon sus incumplimientos; se le generó otra oportunidad y rápidamente se aprobaron recursos por $9 mil 400 millones para que culminara las obras, bajo la premisa de que, si la Asamblea no los adicionaba, el rubro que era del Invías se perdería.

Al contratista le desembolsaron cerca del 70% del valor total de la obra, y la ejecución no llegó ni al 50%. Es decir, no corresponde la ejecución presupuestal con la física. En los municipios le quedaron debiendo dinero a los trabajadores y hasta el momento no hay quien ponga la cara. Entonces, ¿qué hicieron con los recursos?

Qué pasa en Caldas o por qué no pasa nada cuando ocurren situaciones tan evidentes y claras que afectan el erario público y representan una violación de normas legales. ¿Acá se pueden poner en riesgo cuantiosos dineros públicos y no pasa nada?

Nuevamente hacemos el llamado a la Contraloría, la Procuraduría y a la misma Fiscalía: ¿dónde están y por qué no atendieron el llamado de los diputados de la Comisión Accidental que desde este año indicaron lo que pasaría?

Otra vez frustraron el anhelo de las comunidades del occidente y del oriente caldense, que por más de 50 años sueñan con conectarse con Antioquia. El departamento amigo nos une con otras regiones y nosotros no somos capaces de culminar los tramos que nos corresponden.

Que sea este el momento para reconocer la forma en que la veeduría de Riosucio-Jardín conformó equipo e hizo un trabajo juicioso, serio, y técnico, en el cual alertaron de manera oportuna sobre esta situación. Lamentablemente se chocaron con una nueva realidad, la inacción de los entes de control. Quedaron ladrándole a la luna. Por favor, perseverar, insistir y resistir. Solo la sociedad civil puede proteger sus recursos y sus derechos.