Este pasado martes el Senado de la República designó como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al jurista Miguel Polo Rosero, quien para su elección contó con el apoyo decidido del Gobierno. La elección fue atípica, pues en una primera votación hubo empate entre Rosero y Claudia Dangond, otra candidata de la terna: 50 votos para cada uno. Pero la votación se anuló por anomalías. Vino una segunda votación y entre la primera y la segunda el Gobierno movió todas sus baterías y logró ganar el pulso: 57 votos de Rosero contra 47 de Dangond. Es de anotar que la nulidad de la primera votación podría discutirse jurídicamente y haber demandas a futuro, lo que cambiaría todo y se aplicaría el segundo inciso artículo 135 de la ley 5 de 1992, quedando todo a la suerte, una moneda al aire, así como suena. Esperemos qué pasa.

Vámonos un poco atrás: desde hace un tiempo Germán Vargas Lleras ha venido diciendo que Petro está moviendo sus fichas para hacerse al control de la Corte Constitucional. Repite que con los cuatro reemplazos que se deben dar entre este año y el otro Petro podría controlar la Corte, y señala un propósito básico para tener el manejo del alto tribunal: no tener cortapisas jurídicas para introducir una reforma constitucional que le permita quedarse en el cargo y tener una asamblea constituyente de bolsillo que produzca una constitución a su medida. Obviamente, un escenario así provoca mucho temor, pánico, en una buena parte de la opinión. Y sobre estos miedos Vargas Lleras y otros están montando sus campañas.

Pero la realidad es distinta. Hacer un cambio constitucional para permitir la reelección es muy difícil y complejo, solo se puede a través de un referendo de iniciativa popular o una Asamblea Constituyente. Para lo primero Petro no tiene el apoyo político requerido en la población y para lo segundo no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso y su trámite es muy complejo. Entonces, la tesis de Vargas Lleras es que una Corte Constitucional de bolsillo se lo permitiría. Tesis útil para generar miedo y zozobra, pero lejana a la realidad.

Sin duda Petro, y casi todos los presidentes, quieren manejar la Corte. Pero por el sistema de elección de sus magistrados no le es fácil cooptarla. El Senado elige a los magistrados de sendas ternas que les envía la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente, es decir proporcionalmente. Polo Rosero fue ternado por el Consejo de Estado y el año que viene llegará una terna del presidente y dos de la Corte Suprema. No habría más designaciones en lo que queda de este Gobierno. Ni el Consejo de Estado ni la Corte Suprema actúan en Colombia como apéndices de este Gobierno, son independientes y sus actuaciones así lo han demostrado, por lo cual no es de esperarse que sus candidatos a la Corte obedezcan a Petro.

El magistrado Polo lleva trabajando 18 años como magistrado auxiliar y es de tendencia conservadora. Entonces ¿Por qué lo apoyó el Gobierno? Porque escogió un mal menor ideológicamente, pues la alternativa era Claudia Dangond, jurista más conservadora y afín a una línea más dura en la derecha. Pero la Constitución y la Corte están a salvo de ser tomadas por asalto por este Gobierno, y ojalá por cualquier gobierno.