¿Estamos totalmente seguros de que vamos a tener una buena vejez? El infortunio, nuestras acciones o nuestras omisiones pueden llevarnos a pasar esa última etapa de la vida solos, enfermos y desvalidos. A merced de la caridad. Eso, tristemente, les pasa a muchos adultos mayores en Colombia que viven en ancianatos financiados con recursos públicos y que los define una palabra: precariedad. ¿Pero si el dinero para el funcionamiento de estos lugares, que son auténticos salvavidas, está garantizado por ley, por qué hay muchos en Caldas que viven saltando matones para funcionar?
El medio digital de investigación Pensé que ‘Voz’ sabías y La Patria le pusieron la lupa al dinero que la Gobernación de Caldas recauda para el sostenimiento de estos lugares a través de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. Plata para el adulto mayor llena de achaques se titula el artículo publicado y que cuenta, en resumen, que la Gobernación no necesariamente está distribuyendo la plata entre los municipios en función de la cantidad de beneficiarios que atiende, como lo manda la Ley 1276 de 2009, que garantiza el recaudo de estos recursos.
La investigación se basó en cifras del periodo 2020-2023 y demostró que en ese lapso hay varios casos de repartición inequitativa; por ejemplo, en el 2020 Filadelfia, La Merced y Manzanares reportaron el mismo número de adultos mayores por atender: 150, pero el monto asignado por la Gobernación fue distinto. Filadelfia recibió $400 millones, La Merced $280 millones y Manzanares $210 millones. La respuesta de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social de Caldas es que “hay unas particularidades en algunos municipios donde se define dar más alimentación o dotación o adecuaciones, según las necesidades expresadas por los alcaldes, entonces se les aumenta un poco, pero por lo regular la distribución de la plata es casi igual”. ¿Casi igual con diferencias casi del doble en algunos casos?
Preocupa que en la Gobernación de Caldas tuvieron dos oportunidades de explicar los motivos de la disparidad en la distribución de los recursos, la primera a través de la respuesta a un derecho de petición y la segunda en una entrevista, y en ninguna entregó respuestas convincentes ni completas. Preocupa, además, otra perla, el caso de La Dorada, que en el 2021 reportó 390 beneficiarios y solo un año después 690, el doble. La plata que giró la Gobernación pasó de $639 millones a $1.174 millones en un año. Alarma que la Alcaldía de La Dorada se contradiga a sí misma para explicar este aumento y todavía más que esa Administración y la Gobernación tengan razones diferentes para el incremento.
Hay una evidente falta de transparencia en el manejo de estos dineros y no es suficiente con que la Gobernación diga que va a implementar medidas para hacerle seguimiento a esa plata, eso lo debería estar haciendo desde hace mucho tiempo. El panorama es poco alentador. Al recorrer los ancianatos y hablar con los administradores la diferencia de presupuesto salta a la vista. La vida de los adultos mayores desprotegidos les importa a muy pocos, en algunos casos ni a sus propios familiares, por lo que estos recursos son poco vigilados. Preocupa que las asignaciones de presupuesto se están dando, en parte, a dedo, lo que se presta para hacer política, mejor dicho, politiquería.