Es una tragedia para el país que niños y adolescentes sigan siendo víctimas de las guerrillas y los grupos ilegales en Colombia, cuando por derecho deberían estar dedicados al juego, a la recreación, al estudio, a prepararse para la vida, a alcanzar su desarrollo integral, a estar en familia o con amigos; no para ser parte de las filas de los alzados en armas o como objetivo de sus incursiones. La Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos denunció el reclutamiento forzado de unas ocho menores de edad en La Plata (Huila) hace un mes; dos de ellas, de 14 y 16 años, ya fueron liberadas, por lo que pidió el mismo tratamiento para las seis que siguen retenidas.

En la zona donde estas niñas fueron reclutadas hacen presencia la disidencia de las Farc comandada por Iván Mordisco y frentes del Eln. Mujeres desmovilizadas han entregado testimonios de que las menores de edad son reclutadas para ser abusadas, torturadas, embarazadas o convertidas en acompañantes de jefes guerrilleros o usadas para sembrar coca o traficar con droga. Todos estos contemplados como delitos por las leyes colombianas. El reclutamiento de menores de edad es un crimen y una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que debe ser sancionado.

En mayo de este año 200 organizaciones de la sociedad civil exigieron a las instituciones del Estado la protección de la niñez y la adolescencia afectada por el conflicto armado y la violencia, también la búsqueda urgente de medidas humanitarias que eviten que estos hechos trunquen sus vidas. El requerimiento fue motivado por atentados en los que murieron y quedaron heridos menores en el Valle del Cauca y en Cauca. No ocurrió nada con este pronunciamiento. Tampoco se cumplieron los acuerdos con el Gobierno nacional previos al cese al fuego con el Eln y las disidencias de las Farc en los que se comprometían a no reclutar menores de 16 años. La Defensoría del Pueblo insistió en que siguió ocurriendo.

Para completar, los peligrosos tentáculos de las guerrillas y los grupos ilegales lograron penetrar las redes sociales, que usan para instrumentalizar personas a través de la difusión de mensajes, propaganda e imágenes falsos sobre el conflicto, incluso difundiendo números telefónicos para que los interesados se les unan vendiéndoles una realidad que no existe, pero en el fondo es otra forma de reclutamiento forzado, especialmente de menores, según alertaron la Policía y la Defensoría. Indican que son por lo menos 100 los menores captados por redes.

Los padres, las familias y los establecimientos educativos deben estar atentos a los contenidos que acceden niños y adolescentes para evitar que caigan en estas redes. Pero son las autoridades las llamadas a hacerle frente a este delito, con voluntad política del Gobierno nacional y con medidas efectivas y decididas de la Fuerza Pública para contrarrestarlo. Los menores tienen que ser protegidos en todos los espacios y de todos los riesgos, aunque se tenga en ejecución la política de paz total y haya diálogos en curso. Ningún menor de edad debe ser parte de la guerra, como insiste la ONU.