No haber querido incrementar las tarifas de los peajes en el país durante enero del 2023 llevó a un efecto acumulativo, hasta llegar hoy a un punto insostenible de precios. Congelar tarifas fue visto como una medida populista del Gobierno, así estuviera motivada en hacerle frente a la alta inflación, pero obligó en el 2024 a alzas en enero y en agosto, y una tercera que tuvo que haberse aplicado en diciembre para normalizar la tarifa, pero tampoco se hizo y se juntó con los porcentajes del año anterior.
Hacer caso omiso a los ajustes inflacionarios del 2022 y 2023 también pone en jaque al Gobierno, pues las protestas no se han hecho esperar en estos primeros días del 2025, cuando algunos transportadores de carga están evaluando si inician un paro por los aumentos planteados. Para completar el panorama, el Ministerio de Transporte acordó congelar otra vez, por seis meses, los incrementos de este año, que había puesto en vigencia el 1 de enero, comenzando con 2,78% para los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías (Invías), entre los que tenemos el de San Clemente (Risaralda) para movilizarse por el occidente.
Según la ministra, María Constanza García, eran 22 peajes que podían hacer estos incrementos, 8 subieron y 14 se abstuvieron. Tras reuniones con estos administradores se frenó el alza de enero. Pero también hay que tener en cuenta el ajuste que se tendrá que hacer este mes con base en la inflación del 2024 y que define el incremento de tarifas para los peajes en las vías concesionadas en Colombia, que para nuestro caso están representados en los cinco peajes en territorio caldense de Autopistas del Café, y uno de Pacífico Tres, pero con dos más de esta concesión en Irra (Risaralda) y el llamado Supía (en jurisdicción de Antioquia) que se deben pagar para transitar por el occidente y hacia Medellín.
Caldas, más que ningún otro departamento, es consciente de que los peajes deben existir para mantener vías en buenas condiciones, porque de allí deben salir los recursos para que las concesiones ejecuten las obras; el Gobierno debe ser muy acucioso y no dejar acumular más estos incrementos porque los afectados van a seguir siendo los ciudadanos, pero además el Estado se está exponiendo a ser demandado. A principios de este año hubo casetas de peaje que subieron en otros departamentos hasta un 50%, que se vuelven tarifas de muy difícil pago.

La mintransporte asegura que serán seis meses para encontrar una fórmula de gradualidad en las alzas, pueda ser que se logre en menos tiempo para no causar más alteraciones en los 119 peajes de la ANI y los 31 del Invías, ni que tampoco este problema en la forma de planificar y administrar lo público siga creciendo como si se tratara de una bolsa sin fondo, con el riesgo de que en cualquier momento se puede romper y ocasionar problemas mucho más delicados. Nadie quiere llegar a ese punto.