Son pocos los beneficios tras ocho años de estar rigiendo el Artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que faculta a los 15 departamentos que en Colombia ejercen el monopolio de la producción de aguardientes, directamente o por contrato, a suspender la expedición de permisos para introducir este licor, nacional o extranjero, en sus jurisdicciones. Cursan dos demandas que solicitan a la Corte Constitucional anular esta salvaguarda del aguardiente porque está vulnerando el derecho a la libre competencia, la libre elección de los consumidores y la naturaleza del monopolio rentístico.
Caldas está entre los ocho que producen directamente sus aguardientes y hay otros siete que aplican la norma, no por ser productores, sino por maquilar. Ya hubo una primera audiencia esta semana en la Corte, en la que se conoció un delicado dato. En estos departamentos las ventas totales de aguardiente se redujeron 21%, comparado con las ventas de departamentos que no aplican la salvaguarda o no ejercen el monopolio y en los que por el contrario las ventas se incrementaron en 35%. Claramente la norma está dejando a los productores en condiciones de desventaja en el mercado.
Estas industrias están haciendo esfuerzos empresariales para producir licores de calidad, confiables y novedosos como los de nuestra Industria Licorera de Caldas con sus distintos tipos de aguardientes. El motivo por el que se introdujo esta ley, para proteger las rentas de los departamentos productores de aguardiente, no se está cumpliendo entonces, de allí que el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, y el gerente de la ILC, Diego Angelillis, consideren que se está contradiciendo el propósito del monopolio rentístico, que debe generar recursos para fines sociales, no para proteger fábricas a expensas de la industria nacional y de los consumidores.
Tampoco es sensato que se siga prohibiendo la venta libre de aguardientes producidos en estos departamentos en otras regiones del país, por decisión de los gobernadores, cuando se trata de la industria nacional que se debería estar protegiendo y respaldando; pero sí permitan adquirir e ingresar tragos de otras partes del mundo, muchas veces más costosos y de menor calidad que los nuestros. Hay gobernadores en contra, que prefieren que se mantenga el monopolio rentístico en sus regiones. Deberían dejar de sentir temor a la libre competencia, que es mucho más sana que tener que hacerles frente a los nocivos efectos de los licores de contrabando o los adulterados.

Como dijo Pablo Felipe Robledo, uno de los abogados demandantes y exsuperintendente de Industria y Comercio: “si la norma se derrumba, como espero que ocurra, los gobernadores también seguirán recibiendo las rentas derivadas del ámbito rentístico en favor de la salud y de la educación”, que es hacia donde van buena parte de estos recursos. Si se declara inconstitucional este artículo queda en manos de la Corte, que deberá tener en cuenta la defensa que se está haciendo del mercado regulado, claro está, pero abierto y competitivo como lo propone Caldas y como lo exige una economía globalizada.