De nuevo este prolongado verano ha mostrado a Colombia que son muy graves los efectos del cambio climático, a pesar de la negación de muchos. El anuncio que hizo Ecopetrol el pasado jueves de suspender la venta de gas a distribuidoras de combustibles para vehículos tiene formas diferentes de interpretarse y es obvio que afecta a los ciudadanos. Es importante alejarse de pasiones y del afán de buscar culpables pues en situación tan compleja, se exige la ponderación para tomar decisiones que corrijan el rumbo al futuro.
Como sucede últimamente con casi todo en Colombia, en lugar de hacer análisis sesudos y con base en realidades, se opta por brindar opiniones de acuerdo con la distancia o cercanía que se tenga con el Gobierno o con uno u otro sector, con lo cual se insiste en señalamientos desde la perspectiva política, cuando lo que se requiere son respuestas idóneas e integrales para tomar decisiones que ayuden a mejorar la situación en el mediano y largo plazos.
La razón de que se ahonden las diferencias políticas y que no se hallen planteamientos técnicos pasa claramente por la polarización en la que nos encontramos como sociedad. Parecemos presas de un círculo vicioso que nos vuelve  incapaces de establecer soluciones comunes que nos sirvan como país. Llegar a esto requiere de un pacto social, que como colectivo encontremos unos mínimos en los cuales fijar las prioridades de los colombianos, y el futuro energético es parte fundamental de las decisiones que debemos tomar.
La necesidad de una transición energética es una urgencia planetaria aceptada ampliamente. Así mismo, hay acuerdo en la necesidad de que dicha transición sea gradual y bien pensada para no afectar gravemente la economía nacional y por el contrario, generar el mayor beneficio para todos, incluido el medio ambiente. La reflexión y la discusión para construir un acuerdo se centra entonces en el camino que debe seguir el país para conciliar ambos objetivos: transición gradual y mínimos impactos negativos. 
El papel del gas en la transición tiene mucho que ver con el descubrimiento de nuevas reservas y ahí está uno de los primeros escollos pues el Gobierno decide bajar el ritmo de la exploración y con ello, reducir las opciones para el futuro del país. 
Aunque tenemos un importante potencial hidroenergético, los generadores están principalmente enfocados en la generación solar y eólica, lo cual es importante pero a la vez, bien cuestionable como política económica pues implica sustituir producción nacional por importaciones. Una central hidroeléctrica tiene al menos un 70% de producción nacional mientras que una granja solar apenas llega al 10%. Desde 2012 se está hablando de la necesidad de cambiar el modelo de expansión de generación pues el mercado parece incapaz de generar una solución acorde con la realidad del país, lo cual se ratifica con la situación de estrechez de la oferta con respecto a la demanda que estamos viviendo actualmente. Los tiempos de capacidad en exceso de generación de energía vividos en la primera década del presente siglo a los cuales se les asocian precios bajos de energía, difícilmente volverán. 

Si el país se desarrolla a un ritmo más ambicioso, se requeriría más energía a precios competitivos. Por eso, el tiempo para la construcción de acuerdos mucho más potentes e integrales, basados en una conversación abierta, incluyente, sincera, es ahora. Es evidente que pasarán años antes de que la transición se dé de manera completa pero si no se define la manera de hacerla desde ya, las consecuencias en el corto plazo serán bien graves.