El Parque Nacional Natural Los Nevados (PNNN) y su zona amortiguadora son importantes dada su inmensa riqueza escénica y natural y hace poco su protección fue causa de movilización de las entidades ante el anuncio de un proceso de adquisición de tierras en zonas de páramo para adjudicarlas a comunidades indígenas. Para mejorar la competitividad, el norte del Tolima y parte de Caldas, desde 2015 se adjudicó al consorcio Alternativas Viales el contrato de concesión para adecuar la vía Cambao-Manizales, que además facilitaría el acceso a tan imponente atractivo turístico.
Resulta evidente que la planificación ambiental del proyecto se quedó corta, pues no previó el desbordado flujo de visitantes y con ello la generación de impactos ambientales significativos sobre dicho ecosistema. Que aún estos impactos tomen por sorpresa a inversionistas y autoridades y que las decisiones de intervención no hubieran sido tomadas a tiempo por autoridades ambientales y administrativas como Parques Nacionales, ANLA o las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales, es, en definitiva, un mal síntoma. Tuvieron que ser impuestas por una autoridad judicial (el Tribunal Superior de Ibagué), lo que también es una mala señal, pues en los proyectos de desarrollo es relativamente frecuente que se presenten impactos sobrevinientes y las autoridades ambientales tienen mecanismos claros de actuación cuando enfrentan situaciones de este tipo.
Y como si fuera poco, en la implementación de la medida ordenada por el fallo judicial, como el pico y placa ambiental, ha sobresalido la desarticulación, la descoordinación y la confusión, al punto que hay situaciones contradictorias como en el caso de las motos que pueden circular sin restricción en el lado del Tolima, pero les aplican pico y placa en territorio caldense. La situación se ha convertido en una tremenda prueba para las entidades públicas, y todo parece indicar que las ha desbordado. Las dificultades para coordinar, decidir, actuar y resolver integralmente la situación muy seguramente tienen múltiples explicaciones, pero la parálisis e inacción no pueden ser opción.
Así como un tremendo desafío, también esta es una maravillosa oportunidad para debatir, reflexionar y construir acuerdos sobre lo que queremos en la región en relación con nuestros recursos naturales, pues es claro que estamos frente a una típica competencia entre objetivos ambientales, sociales y económicos, lo cual es cada vez más frecuente en nuestro país en diferentes sectores de la economía: minas, hidrocarburos, energía, infraestructura, entre otros. Y también es una oportunidad para sensibilizar, concienciar y vincular a la sociedad sobre las mejores pautas de su relación con la naturaleza.
Los objetivos de conservación y protección del PNNN en favor del país y la humanidad deben prevalecer y conciliarse con los objetivos económicos igualmente válidos del consorcio Alternativas Viales, de los habitantes de la zona -agricultores en su mayoría- y de los prestadores de servicios turísticos. Sería un gran fracaso para la región si no logramos controlar y armonizar las diferentes actividades a lo largo de este corredor vial, ni logramos concretar una dinámica de desarrollo sostenible derivada de una inversión significativa de recursos para impulsar la economía en una región de importancia ambiental estratégica. No nos puede suceder esto en pleno siglo XXI.
