No es que haya ausencia de herramientas. Rige desde hace 23 años el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde está Colombia. Obliga a los estados firmantes a prevenir el reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por grupos armados, además atender a los que han sido sus víctimas. Se escogió también el 12 febrero para conmemorar el Día Internacional de las Manos Rojas, un simbolismo con el que se busca rechazar estos crímenes.

Pero Colombia no se puede quedar en actividades conmemorativas y de visibilización de programas porque está incumpliendo este Protocolo. Falló el Estado y fallamos como sociedad. Hay que tomar medidas urgentes para no seguir exponiendo a nuestros menores de edad, porque el conflicto armado y sus actores no dejan de ser una amenaza y no están dadas las garantías para protegerlos, ni siquiera desde el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a cargo de esta población.

Lo ratifican las cifras de Naciones Unidas. 44 mil 102 niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado y la violencia en Colombia durante todo el 2024 y 433 violaciones graves contra esta población en el 2023. Pero además la Defensoría del Pueblo también presenta un oscuro panorama de lo que fue el reclutamiento de menores de edad en el país el año pasado: 409 de ellos, 61% niños y 39% niñas, cayeron en las garras de guerrillas, disidencias y otros grupos armados, (300 en el departamento del Cauca). Representa un aumento significativo con respecto a los 342 casos del 2023.

En los 44 días del 2025 empeoramos si se tienen en cuenta las violentas incursiones en el Catatumbo, Arauca, Cauca y Chocó, pero también hay registros de reclutamiento y utilización de los menores en otros departamentos, así todos sepamos que estos son crímenes de guerra, hasta los mismos guerrilleros. Ningún menor de edad puede estar para que vigile caminos y puntos de venta de actividades ilícitas, lleve mensajes, transporte drogas y suministros, aprenda a manejar armas y tácticas de guerra, recoja dinero de extorsiones, sea informante de lo que hace la Fuerza Pública, haga trabajos fuertes en campamentos, sea sometido a abusos sexuales, entre muchos otros delitos que señala la Defensoría del Pueblo.

Ni los niños ni los adolescentes deben ser separados de sus familias, de sus entornos y de las actividades propias de su edad para favorecer a los grupos armados y engrosar sus filas. Esto no lo pueden permitir los gobiernos, pero bien sabido es que muchos son reclutados voluntariamente con engaños, bajo amenazas o a la fuerza. No solamente se trata de pedir en una fecha específica el alto al reclutamiento y a la utilización de menores de edad, hay que exigir mediante mecanismos jurídicos que no se haga porque existe un Protocolo vigente, de lo contrario, emitir órdenes de captura a los que están delinquiendo. Los niños y adolescentes deben ser sujetos de protección, no se pueden seguir tiñendo manos con el uso y abuso de ellos para la guerra.