Amnistía Internacional lo define muy bien en su último informe Transformar los dolores en derechos. “La desaparición forzada de personas es tanto un crimen de derecho internacional como una grave violación a los derechos humanos. Cuando se priva a una persona de su libertad y se oculta su suerte o paradero, las vidas de sus familiares y comunidades quedan suspendidas, a la espera de saber qué pasó y dónde está”. Se convierte inmediatamente en un drama muy difícil de superar, y como también lo menciona este documento, las mujeres, en su mayoría son las que quedan tratando de encontrar pistas para hallar a sus seres queridos: vivos o muertos.

Según el informe que LA PATRIA publica anualmente sobre los desaparecidos en el año, hasta octubre del 2024 eran en Colombia 4 mil 774 personas en esta situación, cifra suministrada por el Instituto de Medicina Legal que representa 1.400 menos que en el 2023, por fortuna. Sobre este mismo periodo interanual, en Caldas también hubo una disminución de 33 desaparecidos, reportando 80 en este departamento para el 2024. No obstante, Amnistía Internacional asegura que en Colombia puede haber más de 200 mil víctimas de este tipo de hechos. La diferencia se explica en que hay un subregistro alto de casos en el país debido al ocultamiento y al temor de denunciar que manejan los familiares.

Por lo general hay una presión a guardar silencio, a no delatar a los violentos y agresores si no se quiere correr con una suerte similar, y es entendible. Por eso son tan valientes quienes lo hacen ante las autoridades y se agrupan para convertirse en buscadores de sus desaparecidos, así les demande años en la misma labor. En Caldas está, por ejemplo, la Fundación Mujeres Víctimas para La Reconciliación, que la integran mujeres que sufrieron desplazamiento forzado, violencia sexual y desaparición forzada. Tratan de superar sus dificultades económicas, sociales y psicológicas con actividades colectivas, igual se dedican a la búsqueda.

Algunas de ellas llevan décadas tratando de encontrar a sus seres queridos, pero además siguen reclamando sus derechos como lo determina la Justicia Especial para la Paz (JEP). Lo malo es que no se cumplen estas condiciones cabalmente y las buscadoras también llegan a ser víctimas de amenazas. En buen momento la Registraduría Nacional se unió desde septiembre a la estrategia Búsqueda Inversa: hacia el encuentro de familiares y allegados de desaparecidos, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la JEP y Medicina Legal, con la que han logrado en Colombia la identificación plena de 69 víctimas.

Esta labor representa un descanso para las familias, es llevarles parte de la verdad y que con ella por lo menos terminen de hacer sus propios duelos. El Estado colombiano debe apersonarse mayormente de estas labores, estar más del lado de las víctimas, ayudarles con todo su andamiaje y agilizar los procesos de búsqueda y reconocimiento, pero también repararlas y garantizarles que situaciones como las que vivieron no se vuelvan a repetir.