Son muchas y complejas las aristas que rodean el paro nacional minero. Surje por convocatoria de la Confederación Nacional de Pequeños y Medianos Mineros (Conalminercol), que los asocia, en contra de un decreto del Gobierno en relación al cuidado de áreas protegidas, que según ellos está afectando su labor. ¿Por qué si este decreto fue expedido en enero, la protesta se hace ahora?, ¿tiene relación con la COP16 que se desarrolla en Cali y que se vuelve un momento coyuntural?

Los manifestantes le piden al Gobierno frenar los seguimientos y procesos judiciales a mineros informales, pero son procesos que inició la Fiscalía General de la Nación y no es fácil suspenderlos, si los abrió es porque este organismo sospecha de que algo irregular podría estar sucediendo y es lo que investiga, incluso con algunas personas detenidas. También piden formalizar la minería tradicional, pero la gran mayoría la hace sin títulos mineros, ni licencias ambientales y así es muy difícil seguir desarrollando una actividad económica considerada de alto impacto para el ambiente. Es evidente que este renglón genera empleos y mueve la economía, pero es necesario ajustarse a los requerimientos.

Buena parte del ejercicio de la minería en Marmato (Caldas), por ejemplo, ha llevado a que por muchos ríos de esta zona no corra agua, sino lodo; o existan montañas tapizadas de materiales contaminantes que se usan para la minería y lo que no se vea es el verde de los árboles. El paro también critica los títulos mineros en manos de multinacionales, pero son las que están cumpliendo las obligaciones ambientales, tienen los equipos para evitar que los impactos sean mayores, incluyendo la reducción del riesgo a los trabajadores; además brindan apoyo social y económico, como sucede en Marmato con la firma Aris Mining.

La protesta está contemplada como un derecho en la Constitución Nacional, pero desde que no interfiera con otros derechos, como es a la libre movilidad. Hasta hoy son millonarias las pérdidas en Colombia para el transporte de carga por los bloqueos en vías como Manizales-Medellín cerca a la entrada al municipio de Marmato y en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Norte de Santander y Santander. Y aunque han estado habilitados los corredores humanitarios, también hay que contemplar cuántas personas han tenido que suspender diligencias de salud, bancarias, tributarias; asistir a centros educativos, entre muchos otros compromisos que eran inaplazables.

Se reconoce que han sido manifestaciones tranquilas las de los mineros, sin acudir a alteraciones del orden público, ni a la violencia; pero bloquear vías es una vía de hecho que en cualquier momento se puede salir de control. Nuestro llamado es a tratar de armonizar la ecuación entre Gobierno nacional, empresas grandes y pequeños mineros, de manera que cada uno se comprometa al ejercicio de una minería legal que cumpla con los requisitos y que deje de ocasionar muertos y problemas judiciales. Seguirse resistiendo a lo que dicen las normas y las leyes no ayuda en nada a cambiar la situación.