Hace un año las altas cortes designaron al abogado caldense Hernán Penagos como registrador nacional del Estado Civil. Algunos detractores lo relacionaron en su momento con casas políticas, pero al poco tiempo el país en general respiró tranquilo, pues resultó claro que en tan alta dignidad se ubicaba un profesional idóneo, con el talante, la experiencia, la seriedad y las buenas formas que las responsabilidades del cargo le exigen.
Sin embargo, el Gobierno Petro no ha estado completamente tranquilo con la Registraduría. Primero fue el ministro de Hacienda quien, en el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el 2025, un año preelectoral, planteó la idea de recortarle el presupuesto y poner a la entidad a depender del Ministerio. Las reacciones de algunos congresistas hicieron al Gobierno reversar la medida y aclarar que no se le iba a quitar ni un peso, justificando que había sido una confusión al redactar el proyecto.
Más recientemente fue la Oficina de Transparencia de la Presidencia que cuestionó al registrador Penagos por adjudicar el contrato para proveer servicios logísticos y tecnológicos, que se requieren para las elecciones de Juntas Administradoras Locales el 17 de noviembre, a una unión temporal de la que hace parte la firma Thomas Greg & Sons. Penagos explicó que el organismo cumplió las obligaciones del estatuto contractual y que aunque tiene la facultad de contratar directamente, él ordenó abrir una convocatoria pública con el acompañamiento de la Procuraduría.
Thomas Greg es una firma con una relación de largo aliento con diferentes agencias del Gobierno colombiano y todo hace pensar que siempre ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones. Sin exponer razones concretas, el presidente Petro se ha ido en su contra, primero en el contrato de los pasaportes y ahora en su relación con la Registraduría. Lo que preocupa en todo este escenario es la sombra de duda que con sus actuaciones y pronunciamientos, Petro va sembrando sobre el proceso electoral que se avecina y sobre sus auténticas intenciones en relación con la Registraduría.

No debería haber un interés distinto a buscar el fortalecimiento y transparencia de la entidad, no desconfiar ni intentar vulnerarla, pues poco va a avanzar en este sentido. Y ya que no puede contar con el Gobierno nacional, el registrador Penagos debería ocuparse en articulación con los entes de control, a redoblar esfuerzos para demostrar que da plenas garantías a todo proceso electoral que deba asumir en Colombia, ahora y en los años que se avecinan. Al país le debe quedar claro que tiene una Registraduría aplicada a fortalecer y blindar los procesos electorales y con ello, la misma democracia; que no está al servicio de ningún partido, pero tampoco de algún gobierno, sino exclusivamente de los ciudadanos y la democracia. El Gobierno debe aportar en dichos propósitos como parte de una cruzada por el respeto, la defensa y el fortalecimiento de la institucionalidad; por el bien de todos, de la armonía, la paz y el desarrollo del país.