Ya se interpuso una demanda contra el decreto que expidió el Gobierno nacional para que las autoridades indígenas cumplan funciones equiparables a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Es indudable que las autoridades indígenas deben participar de procesos que atañen a sus territorios, pero una cosa es concertar y otra muy distinta darles competencias que requieren esfuerzos técnicos de calidad para tomar decisiones sobre su jurisdicción. El paso de la consulta previa es una buena manera de evitar que se vulneren los derechos de las comunidades ancestrales, pero imponer ahora un mandato distinto y sin concertación alguna es una extralimitación del Gobierno central.

La acción la interpuso ante el Consejo de Estado el exministro de Justicia Wilson Ruiz, que considera que una decisión como esta es competencia del Congreso de la República. No está bien que se haya hecho a un lado la institucionalidad en la construcción del decreto, que surgió de los acuerdos a los que llegaron en junio de este año las comunidades indígenas con el Gobierno Petro. La determinación del presidente deja más dudas que certezas, pues puede haber líos de competencia con las CAR. Hay que entender que la autonomía de las comunidades indígenas no es soberanía, esta sigue recayendo sobre la Nación.

En Colombia existen 115 pueblos indígenas, es decir serían 115 nuevas autoridades ambientales que se sumarían a las 33 CAR conformadas por ley. Una explosión de nuevas autoridades. En el cumplimiento de funciones, las CAR tienen que consultar con las autoridades indígenas cuando se trata de asuntos relacionados con sus territorios, que emiten conceptos basados en sus conocimientos de la naturaleza y eso debe seguir siendo así, pero hacer más engorroso este proceso, cuando no siempre se tienen claros los mecanismos de interacción administrativa con las autoridades indígenas puede ser vulneratorio de derechos de otras personas no vinculadas con las comunidades étnicas.

Tampoco queda claro quién va a dejar de recibir recursos o a cuál de las dos autoridades ambientales hay que pagarle y en qué casos, o cómo será el manejo y el control de estos dineros. Bien diferente es que algunas CAR no hayan sido eficientes y las permeé la politiquería, por lo que los recursos no se ven reflejados en el cuidado y la protección ambiental como deberían. En esos casos deben actuar las autoridades y los organismos de control. En Caldas, por ejemplo, Corpocaldas ha sido gran aliado en la mitigación del riesgo y muchas tragedias ha evitado.

El conocimiento técnico y especializado de las CAR no se puede desestimar, es necesario tenerlo y se debe complementar con el saber ancestral indígena claro está. Al menos en el Consejo Directivo de Corpocaldas hay representación de las poblaciones indígenas, lo que muestra que es posible trabajar juntos. Mientras se define la suerte jurídica de la demanda, el Gobierno debería aprovechar para ver cómo puede armonizar este decreto, evitar un conflicto de competencias y llegar a un equilibrio en el que nadie quede en desventaja.