LA PATRIA | MANIZALES

Un juzgado de control de garantías de Manizales avaló el principio de oportunidad (terminación de la acción penal a cambio de compromisos) para el abogado y exfuncionario judicial José Édgar Cerquera Bonilla, de 44 años de edad, otrora secretario de un juzgado administrativo de esta capital.

Lo acusaban de tres delitos: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

Todo por adueñarse de manera ilegal de $326 mil 120, producto de los remanentes de los depósitos judiciales (dinero que consignan en una cuenta del Banco Agrario los abogados que participan en procesos, para gastos de fotocopias y demás. Lo que sobre debe devolverse).

 Abecé

• A. Todo empezó tras una auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, que detectó la posible anomalía del servidor público. "Eran dineros que debían retornar a los abogados, pero no fue así. Se analizaron documentos de los formatos de devolución de esos remanentes y no coincidían con las personas señalados como parte del proceso. Aparecían abogados distintos", explicó el fiscal.
• B. La pena partía de 64 meses, más otro tanto por el concurso de delitos. El procesado reintegró, el 7 de junio pasado, $690 mil.
• C. Había remanentes de $14 mil 300, $10 mil 500, $21 mil 500, $28 mil 470 y $26 mil. El más alto, de $31 mil 50.
• D. Debía reintegrarlos a abogados como Luz María Escobar Chavarriaga, Giovany Alberto López, Óscar González Salazar, Claudia Andrea Calvo Puerto, Óscar Alberto Correa, Pedro Roa Sarmiento, Nicson Torres Camargo, Carlos Alberto Arias Arango, entre otros.
• E. Según el fiscal, expidió formatos de devolución de remanentes a nombre de Óscar Alberto Correa, Luz María Escobar Chavarriaga y Dina Rosa López Sánchez, pero nunca los recibieron. Además, no eran los propietarios.
• F. A nombre de Óscar Alberto Correa acreditó la devolución de remanentes, con una firma de recibido, pero falsa. En el principio de oportunidad ofreció disculpas públicas y se comprometió a no volver cometer anomalías.
• G. "Tuvo el reproche institucional y la sanción disciplinaria correspondiente de la entidad para la que prestaba sus servicios, el 15 de junio del 2016. Se le desvinculó del cargo y, sumado a ello, la Procuraduría, mediante providencia del 31 de octubre de ese año, lo sancionó con esa destitución del cargo e inhabilitación de 12 años", contó el juez.

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