LA PATRIA|MANIZALES

Para juicio va el proceso contra cinco funcionarios del CTI de Manizales y un particular. Según la acusación, en mayo del 2011, Carlos Andrés Montaño Cuartas fue objeto de intimidaciones y exigencias económicas por Giovani, Henry, Palacios, Luis Alejandro, Germán y el particular Juan Carlos.

"Valiéndose de su condición de servidores públicos, hicieron creer a Montaño Cuartas que en su contra se seguía una investigación penal por los delitos lavado de activos y narcotráfico, exigiéndole el pago de $530 millones, supuestamente para archivar las diligencias. Para ello, realizaron visitas y seguimientos a los lugares frecuentados por la víctima y su familia, además, lo citaron ante la sede de la Fiscalía en Manizales, el 7 y 8 de junio del 2011, más otras reuniones en las que, como intermediario, participó el particular, conocido de la víctima, al igual que otros funcionarios", narró el ente acusador.

El 15 de junio del 2011, Luis Alejandro rindió informe dentro del caso 201100040, indicando recibir escrito anónimo, el 2 de junio de ese año, donde supuestamente le daban a conocer presuntas actividades ilícitas de Montaño Cuartas, ordenando realizar valoración y verificación de la información, Sin embargo, las intimidaciones ya habían ocurrido. Por esto se inició el proceso de judicialización.

El 30 de agosto del 2018 se les formuló imputación a los funcionarios por los delitos falsedad ideológica en documento público y concusión agravada. En 2019 fue el turno para el particular, pero por concusión. Luego todos quedaron atados a un mismo proceso.

La audiencia preparatoria para juicio se adelantó en seis sesiones: 11 de agosto del 2022; 24 de abril, 27 de octubre, 17 de noviembre de 2023; 20 de mayo y 5 de junio del 2024. El ente acusador insiste en que los servidores consultaron el sistema injustificadamente y se creó, sin bases, una noticia criminal. Expresó que hay material en un celular que da cuenta de la conversación entre un señalado y un testigo sobre la exigencia de dinero a la víctima.

 ¿En qué va el caso?

El juzgado que lleva el caso decidió no admitir algunas pruebas para el juicio, por lo que esa decisión se apeló ante el Tribunal Superior de Manizales.