La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia presentaron un proyecto de ley con el que se busca la modificación de leyes, cuyo objetivo es descongestionar despachos y evitar la impunidad, de una manera más rápida.

De acuerdo con el documento presentado al Congreso, se pretende mejorar aspectos como la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad.

“El trámite legislativo de esta iniciativa que busca responder a la necesidad urgente de garantizar una administración de justicia pronta, eficaz, que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos, y que esté enfocada en la reparación integral de los derechos de las víctimas”, dice el texto.

Entre dichas modificaciones está la extinción penal de delitos cuando se repare integralmente a la víctima como en casos de homicidio culposo, lesiones personales culposas, lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, delitos contra los derechos de autor, y en aquellos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado por la violencia contra las personas previsto y extorsión.

También, cuando se logren preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena según lo que establezca el Código de Procedimiento Penal.

Reforma margina a usuarios y abogados

El abogado Carlos Iván García sostiene que se pretende darle una apariencia estructural a una reforma que solo busca atender dificultades propias de la jurisdicción penal, dejando de lado desafíos en las especialidades administrativa, civil y laboral.

“Acá siempre se ha marginado de estas discusiones a todos los actores que tienen que padecer el sistema día a día como los usuarios y abogados litigantes”, indica García.

Así mismo, considera que son reformas prácticamente irrealizables, y trae a colación la frase de Darío Echandía, pues olvidan que no vivimos en “en Dinamarca, sino en Cundinamarca”, para destacar que no se solucionarán los problemas del día a día.

“Una reforma que no consulte un efecto real y práctico en el acceso a la administración de Justicia y una resolución de conflictos de manera pronta y efectiva y dirigida a resolver los conflictos que se le ponen de presente no genera un impacto real en el día día de los ciudadanos y perpetúa esa percepción de falta de Justicia que en últimas termina siendo un caldo de cultivo de conflictos”, sentencia el abogado.

Cree en los avances

Su colega Germán Sarasty cree que lo más importante del proyecto es la estimulación de la aplicación de mecanismos premiales de terminación anticipada de los procesos penales como preacuerdos y principio de oportunidad desde tempranísimas etapas procesales.

El abogado asegura que esto propiciaría una justicia más efectiva que restablezca pronto los derechos de las víctimas como también haría efectivas a tiempo las decisiones frente a los procesados sujetos al sistema punitivo.

"Estos mecanismos han venido siendo restringidos por diferentes reformas legislativas haciendo eternos los procesos, causando congestión judicial, generando en el ciudadano un lamento colectivo ante la ausencia de pronta justicia y traduciéndose en la prescripción que no es otra cosa que una expresión de impunidad", dijo Sarasty.

Puntualizó que no está demostrado que la cárcel solucione algo y se debe estimular figuras como la restauración e indemnización integral a las víctimas y el hecho de que se extinga o haga menos lesiva la acción penal, puede ayudar con una respuesta oportuna de la justicia a la sociedad que pide resultados de un sistema que está asfixiado.

Más justicia

De acuerdo con los proponentes, estas medidas son útiles para aumentar los índices de justicia y fomentar la convivencia pacífica, además permiten emitir condenas de manera más oportuna, de modo que la víctima sienta que se respetan sus derechos.

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