El temor rodea a una familia manizaleña que confió en un hombre, quien le prometió un negocio rentable: conseguirle la mitad de un local comercial en el sector de la Plaza de Toros. Sin embargo, la promesa no se cumplió y por el contrario, llovieron amenazas, suplantaciones y preocupaciones.

Ellos, en medio de una crisis económica a causa del dinero que perdieron, no solo los persiguen, sino que él no puede trabajar por su situación psiquiátrica y hasta han tenido que dejar de pagar los servicios públicos.

Las intimidaciones son desde distintos frentes. Los llaman o les envían mensajes de WhatsApp con palabras de grueso calibre y amenazas, los visitan y amenazan con acabar con sus vidas. Ante esto, la UNP ordenó que se revise su situación para brindarles medidas de protección.

Ilusión y pérdidas

El denunciante sostiene que hace aproximadamente dos años conoció a un sujeto conocido como Carlos, quien parecía gozar de una privilegiada situación económica, se lo presentó un conocido, con la intención de buscar una oportunidad de negocio.

Le solicitó dinero con la promesa de darle ganancias y le ofreció la mitad del local. En ese tiempo le dio personalmente $105 millones. A los seis meses de conocerlo le pidió que lo acompañara a Venezuela, en donde tenía una propiedad para vender y el señalado le pidió prestados $15 millones.

Luego, el mismo sujeto le indicó que tenía el negocio con una hipoteca por $80 millones, le pidió que le ayudara a pagarla, le pagaría así lo que le debía y se quedarían en sociedad con la propiedad.

Por eso, le entregó un Renault Megane avaluado en $18 millones, una camioneta Ford Scape, de $50 millones, y en abril de este año, una Dodge Ram, de $120 millones. Sin embargo, nunca recibió los documentos que acreditaran la posesión de ese negocio.

Luego, indicó, Carlos le manifestó que otro sujeto conocido como Mario era la persona que le había prestado los $80 millones y estaba interesado en quedarse con dicho inmueble. Al entrevistarse con el segundo, este dijo que no era cierto y solo le había comprado dicha hipoteca.

Desde entonces, el denunciante empezó a exigirles que le devolvieran el dinero, pero supo que la Dodge estaba empeñada en Chinchiná, la Ford a un abogado y el Megane lo tenía otro hombre en Manizales. Aseguró que los traspasos se efectuaron con documentos falsos.

Desaparecieron un carro

Con el tiempo, el afectado siguió insistiendo con sus denuncias ante autoridades que guardaban silencio, pero con ese mismo avance las amenazas aumentaron. No solo lo tildaron de cobarde, sino que se metieron con sus padecimientos mentales. En audios, tanto un hombre como una mujer lo agreden y lo amenazan.

En una grabación, el sujeto le asegura a la víctima que tuvo que "arreglar a esa gente (policías) de Chinchiná y pagarles". Luego le indica que vendió la camioneta, no la necesitaba y lo hacía para que "dejara de dar lora".

El uniformado que entregó supuestamente el carro se escucha en otros audios aportados por el ciudadano. Dice que como no había orden de inmovilización, solo una denuncia por estafa, no podía retener la camioneta y tras dialogar con el fiscal, lo devolvió.

Sin embargo, dice la víctima, dicha conversación con el funcionario judicial nunca ocurrió e incluso existía una orden de pasarle revista constantemente al vehículo para que no lo sacaran de Chinchiná. Sostiene que, al parecer, hubo una suplantación y engañaron al agente.

Del carro se perdió el rastro, pero luego otro desconocido contactó al propietario. Le mencionaba que sabía en dónde lo tenían escondido, le envió fotos y le exigió $500 mil para darle la ubicación. Sin embargo, no aceptó.

Caso similar ocurrió con otro vehículo que encontraron en un parqueadero en zona rural de Manizales. Cuando pretendía reclamarlo, el denunciante aseguró que un miembro de la Policía le pidió grabar un video en el que se demostraba que se adelantaba la diligencia, pero al finalizar le dijeron que no estaban obligados.

Por las amenazas de muerte y el temor de ser víctima de un acto de sicariato y la falta de respuesta de las autoridades, el ciudadano acudió ante la Personería de Manizales. Sin embargo, esta manifestó que dicha situación no era de su competencia y remitió oficios a Fiscalía y Policía de Manizales para que se diera trámite.

La semana pasada, el ciudadano se reunió con representantes de la Alcaldía de Manizales y del ente acusador, a quienes les expuso su situación y espera que se agilice el proceso, antes de que algo le ocurra.

Ordenan estudio de seguridad

Tras las denuncias que efectuó el hombre por amenazas, así como por persecuciones a su esposa, el caso pasó a la UNP, que ordenó recientemente se adelante un estudio para determinar el grado de riesgo al que se expone esta familia.

Investigan y cumplen con la ley

La Policía de Caldas respondió, con referencia al caso de Chinchiná, que el 24 de septiembre, una vez se recibió la queja del afectado, se abrió una investigación preliminar en la Oficina de Control Disciplinario.
"Tiene como objetivo conocer detalladamente el procedimiento que llevó a cabo el uniformado en relación con el vehículo. Aseguramos que se realizará una revisión exhaustiva de los hechos para garantizar la transparencia y el correcto actuar de acuerdo con los protocolos establecidos", puntualizó.

Por otro lado, la Policía de Manizales indicó que se cumplió con el debido proceso sobre el otro carro ubicado en zona rural. Los uniformados verificaron en el sistema PDA (Asistente Personal Digital) los antecedentes y no se encontró ningún requerimiento de jueces o fiscales, por lo que no pueden efectuar inmovilizaciones o embargos.

Al ciudadano que posee la camioneta le solicitaron los documentos de propiedad y estaban en regla. Sin embargo, le solicitaron no realizar ningún tipo de negocio, hasta que no se aclare la situación.

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