LA PATRIA | MANIZALES

Penas entre 66 y 70 meses recibieron Carlos Andrés Valencia González, Cristian Camilo Castro Tabares y Diva Janeth Saraza Ocampo, quienes no solo se dedicaban a la venta de estupefacientes, sino que usaban a menores de edad para la comisión de delitos.

Ellos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía para terminar sus procesos judiciales. La juez les explicó que en estos casos no procede la suspensión condicional de la pena, ni el beneficio de la domiciliaria. Solo se da esta última en caso de gravedad enfermedad o si demuestran que son cabeza de familia.

Carlos Andrés la pidió por esto último. Diva Janeth lo hizo por grave enfermedad incompatible con la vida en prisión y porque debe velar por su familia, pues su esposo también está detenido.

1. Por la mamá

Se explicó que Carlos Andrés es comerciante de motos y prestamista. Es de la Quiebra de Vélez. Ayuda a la mamá, de 73 años, quien con su detención tiene las facturas atrasadas, anda con bastón, vive sola y a veces la ayudan los vecinos. Tiene otro hijo, pero este responde por seis descendientes y "no le alcanza".

Le aprobaron la domiciliaria, pero debe pagar una caución de $500 mil y portar dispositivo electrónico. Le recordaron que si la embarra, pierde ese beneficio. Su condena a es de 70 meses y multa de 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2022.

Diva, negada

A Diva Janeth no le fue tan bien. Pese a que demostró que tiene enfermedades, trastornos depresivos e insomnio, le explicaron que es compatible con la vida en prisión, el Inpec la ha atendido correctamente y se instó a que lo siga haciendo así.

Ella explicó que cuida de su mamá, de dos menores de edad y de un hermano con discapacidad mental, por lo que requieren de su presencia en el hogar. Pese a eso, se explicó que la abuela, con dificultades, ha estado con todas estas personas y no las ha dejado solas.

La juez expresó que Diva usaba su casa en Solferino para almacenar drogas y vender, y en el allanamiento le encontraron estupefacientes en diferentes puntos de la vivienda. No le importó que estuvieran sus hijos. ICBF se los quitó en esa ocasión. ¿Ahora sí considera necesario que debe estar al lado de ellos?, se afirmó. Tiene reiteración con el delito y en vez de garantizar los derechos de los menores, los afecta. Su condena a es de 70 meses y multa de 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2022. Ordenaron mandarla para Villa Josefina. Rompió en llanto al escuchar esto.

Que lo trasladen

"Solo pido que me trasladen pronto a centro penitenciario", acató a decir Cristian Camilo Castro Tabares, el otro condenado, que no pidió ningún sustituto penal y tiene sentencia de 66 meses y multa de un salario del 2022, como coautor.

Uno de los allanamientos por este proceso fue en la la carrera 11A con calle 48C.