La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 4 antiguos generales y 35 oficiales y suboficiales de la Brigada IV del Ejército Nacional, por 442 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Antioquia, entre el 2004 y el 2007.

A los generales retirados, Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, los hallaron responsables de liderar la política de facto de conteo de cuerpos.

Estos habrían ordenado el asesinato y desaparición forzosa de estas personas, cuyos dirigidos se encargaron de implementar el plan criminal, del que también participaron dos civiles, quienes reclutaban y entregaban a las víctimas, a cambio de dinero.

La JEP anunció también que por primera vez en una imputación de ejecuciones se comprueban actos de tortura a los ciudadanos asesinados y a sus familiares, en 22 casos con 41 afectados, especialmente en el oriente antioqueño.

"Fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían", se lee en el comunicado.

Solo importaba sumar muertos

Para estos oficiales, el objetivo era sumar la mayor cantidad de homicidios y solo esto era considerado como el único indicador de éxito, ya que las capturas brindaban resultados problemáticos y no conducían a la victoria militar. Esto llevó a una competencia por ver quiénes ocupaban los primeros lugares.

En total fueron 270 hechos con 442 víctimas. A 434 las asesinaron y 8 sobrevivieron. 203 fueron objeto de desaparición forzada y 41, de tortura. No solamente murieron civiles indefensos, sino también miembros de grupos armados que tras rendirse, los ejecutaban.

De acuerdo con la JEP, Antioquia es el departamento que concentra la mayoría de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por agentes de Estado. De 6.402 víctimas, entre el 2002 y el 2008, el 25,19%, murieron en este departamento.

Además, las acciones criminales del Ejército afloraron justo después de que los grupos armados ilegales estaban reducidos, tal como ocurrió en el oriente antioqueño con el Jacobo Arenas, de las Farc, prácticamente desmantelado y los frentes 9 y 47, de fuerte presencia en Caldas, se replegaron a zonas vecinas.

Una modalidad fue el asesinato de civiles retenidos y señalados de pertenecer a estas organizaciones. Los retenían en sus hogares o en espacios públicos de veredas, incluso con apoyo de grupos paramilitares.

Tres campesinos torturados y asesinados

Un ejemplo ocurrió en la vereda Santa Marta, de Sonsón, limítrofe con Samaná, uniformados de la contraguerrilla Corcel 2 del Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral mataron a los campesinos Luis Albeiro Avendaño Muriel, Luis Argiro Agudelo y John Jairo Bernal.

Además de retenerlos, los torturaron y los amarraron frente a sus parejas e hijos. Luego los trasladaron a lugares cercanos, los masacraron y los presentaron como bajas en combate.

A la casa de Luis Albeiro llegaron cinco militares con dos encapuchados, mientras arreglaba un radio. Lo sacaron delante de su esposa que estaba embarazada y de sus tres pequeños. Lo amarraron a un palo y lo mataron, según la mujer.

Niña reclutada se rindió y la mataron

Otro hecho de horror fue el de la niña Martha Olivia Duque García, el 24 de agosto del 2024, en Cocorná (Antioquia). La reclutó un grupo armado ilegal y en combate resultó herida. Luego de entregarse, los militares la retuvieron, la interrogaron y luego la mataron.

También se detectó otra modalidad que se presentaba en sitios donde estaban acantonados o patrullando de paso. Improvisaban el ataque sobre quien pasara por allí y lo denominaron ante la JEP como errores operacionales.

Ahora, los 41 señalados cuentan con 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

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