A alias Chinga o Chiqui lo atacaron a bala siendo menor de edad. De siete disparos intentaron acabar con su vida, pero el joven, hoy de 20 años, sobrevivió, aunque perdió el ojo derecho.

En Chinchiná lo reconocen por pertenecer a la banda del Hueco, en el barrio La Frontera, dedicada al expendio de estupefacientes.

Sin embargo, a los miembros de este combo los distinguen también por atacar a bala a sus rivales, amedrentar a la comunidad y querer apoderarse de la venta.

El caso de este hombre, cuyo apodo lo debe a su corta estatura, es uno entre otros que cobraron relevancia en los últimos años en Caldas, como el caso del adolescente sicario que participó en una masacre en la vereda La Garrucha, de Manizales, en el 2018, y de Junior, amo y señor del microtráfico en el corregimiento de Arauca (Palestina).

Espera su condena

Chinga o Chiqui permanece detenido en la Estación de Policía de Chinchiná, luego de que la Policía los detuvo junto a otros seis jóvenes (cuatro menores de edad), en agosto pasado.

Según las autoridades, estos hacían parte de un reducto de la banda de el Hueco, liderada por Leo y Yein. Les incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una traumática y estupefacientes.

Sin embargo, Chinga permanecía libre y vinculado a otro proceso, por el que espera su condena. El 31 de julio del 2023, miembros de la Policía patrullaban el sector en donde se asentó este grupo delincuencial y dio con un grupo de jóvenes.

Al verlos, el muchacho intentó huir y debieron perseguirlo a pie, dado que es un territorio de calles estrechas y de difícil acceso. Lograron interceptarlo y le encontraron seis cartuchos de arma de fuego dentro de un canguro. Lo capturaron y se ordenó su libertad.

Casi un año después, en junio pasado, asesinaron a bala a Gustavo Alberto Posada Cárdenas. Del crimen señalaron a Rayo, de 18 años, y a Chinga, quien seguía en las calles y delinquiendo.

Al parecer, estos sujetos lo mataron delante de su esposa en La Frontera, cuando salía a trabajar a una finca. El motivo sería una advertencia al hermano del occiso, por el temor de que les armara competencia en la venta de estupefacientes.

Por poseer los cartuchos, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chinchiná se llevó a cabo el juicio oral, y declararon a Chinga como culpable. Podría pagar de 9 a 12 años y este jueves se conocerá la pena.

El sicario de La Garrucha

Tras la masacre de La Garrucha, las autoridades capturaron a Chinga, quien tenía 16 años para la época de los hechos. Fue quien les disparó a las cuatro víctimas y por eso pagó una sanción de ocho años en Los Zagales.

Fue él quien identificó a los otros partícipes del crimen, pero como hoy él y su familia están amenazados, no declaró en el juicio. Al parecer, todo obedeció a una represalia porque Yony Esteban Echeverry Salazar, de 29 años, quiso armar línea aparte en la venta de estupefacientes.

Junto a él murieron Édgar Ocampo Alarcón, de 71, y Diego Quintana González y Nilson de Jesús Guevara, ambos de 56. Por esto condenaron a Andrés Felipe Quintero Sabogal, alias Pipe; y Luis Alfredo Bolaño, Meme, a 9 años y 6 meses, mientras Ojón y Carecortada siguen en juicio.

De Chinga se supo además que fue quien decidió ultimar a los cuatro hombres porque le mataron al papá. Hasta el día de la masacre ya ajustaba, supuestamente, 16 víctimas, entre ellas a tres mototaxistas, uno de ellos indígena, los metió en costales y los desapareció.

El dueño del chuzo

Albeiro García Candil, alias Junior, también inició su vida criminal siendo menor de edad. Así lideró una banda de tráfico de estupefacientes y asesinó además a seis personas. Tras pagar su sanción siguió delinquiendo y hoy, con 25 años, lo señalan de seguir mandando en la banda La 40, en Arauca.

La Policía lo capturó en abril de este año, pues desde finales de diciembre la comunidad denunció que el sujeto seguía haciendo de las suyas, agrediendo a la gente o a quienes pretendían montarle competencia. Incluso protagonizó asonadas.

Hacía poco había salido de la cárcel y para evitar que lo detuvieran empezó a dirigir el negocio desde Manizales. Bajaba al corregimiento en el día, pero dormía en la capital.

Se investiga su posible participación en el homicidio de un hombre proveniente de Medellín, el 1 de enero pasado. Al parecer, la víctima pretendía montar su línea de venta de drogas.

Junior estuvo encerrado hasta el año pasado, luego de que en el 2022 lo capturaron por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Por las rebajas de pena que fue obteniendo, le otorgaron permisos, que al parecer aprovechó para continuar en sus actividades delictivas.

Su accionar no se limita solo al corregimiento. Pese a que lo capturan una y otra vez, este vuelve a gozar de la confianza de sus distribuidores, quienes lo volvían a aprovisionar, para continuar con la venta a consumidores de Arauca, así como de Anserma, Risaralda, Santágueda y veredas cercanas.

La banda de Chiqui

Chiqui o Chinga hace parte de un combo integrado por Rayo, los Gemelos, el padre de estos conocido como Morocho, Yeifer, Manila, Gasolino, el Chamo y un menor de edad, primo de otro hombre asesinado recientemente en Chinchiná. Martín, quien está en la cárcel, sería el líder.

Labor difícil ante la exclusión

Luis Vélez Rodríguez es profesor asociado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Manizales y director de Política Criminal, Víctima y Delito. Él considera que Colombia, como un estado social de derecho, no debe excluir a nadie, ni siquiera a aquellos que han actuado de la peor manera.

"Nadie es sacrificable y debemos luchar por acabar con la exclusión. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes va en el camino correcto, pero tiene obstáculos que no son del diseño, sino en un marco social, político y económico".

El docente asegura que los medios de comunicación mueven emociones y usan calificativos como monstruos o depredadores, lo que se convierte en el aprovechamiento del pánico, especialmente sobre valores que la sociedad considera importantes y la toma de decisiones termina nublando la razón.

¿Qué influye en el joven?

Vélez Rodríguez sostiene que pedir penas más severas o largas no ha solucionado nada y cada vez que se endurecen, tampoco ha habido un avance significativo.

Por el contrario, cree que se debe apostar por estrategias resocializadoras con enfoques hacía las víctimas y en países que han aplicado estos esquemas ha habido efectos positivos, y la tarea es esencialmente, crear oportunidades.

La sociedad ha fallado desde la desorganización social o por problemas de anomia, o sea, cuando por ejemplo el joven siente que la realización y el éxito en la vida es a través del poder adquisitivo, y no todos cuentan con las mismas vías para lograrlo.

A esto se suman esas estructuras de barrio o amigos.

¿Qué hacer?

El experto asegura que hay un trabajo social enorme por hacer, saber por qué el joven decide delinquir o por qué acepta matar a sueldo, y si se hacen intervenciones en los jóvenes infractores, no se puede perder de vista que ellos regresan a los mismos contextos, cuentan con su arraigo y siguen bajo las mismas presiones sociales.

Una solución que plantea no va enfocada en el sistema de justicia, sino en ofrecer oportunidades reales, de poder tener acceso a educación superior, y también que el papel de la Policía no se centre en "requisar marihuaneros", sino en investigar para poder desmantelar las organizaciones frente a las que el Estado se quedó corto.

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