En enero pasado, habitantes del barrio La Playita de Chinchiná evitaron que un investigador de la Policía capturara a un sujeto buscado por tráfico de estupefacientes. Cuando lo tenía en su poder, la gente intentó agredir al uniformado.

El funcionario no tuvo más remedio que soltar al presunto delincuente, desenfundar su arma de dotación y disparar al aire para evitar que lo atacaran. La comunidad lo culpó de excederse en la fuerza y permitió que el sujeto se escapara.

Hace un mes en el barrio Campoamor, un joven agredió con una navaja a otro hombre y a dos mujeres, una de ellas su compañera y menor de edad. Al lugar acudió una patrulla policial que intentó mediar.

Primero dialogaron con el atacante, pero este se negó a detenerse e intentó chuzar a los uniformados, quienes no tuvieron más remedio que usar sus armas. Uno le disparó en la pierna y posteriormente lo trasladaron a un hospital, en donde se recuperó de la lesión.

Estos dos casos son ejemplos desde la otra orilla, cuando la violencia enfrenta a servidores públicos con la comunidad. Un experto considera que la ciudadanía desconfía de la autoridad y las buenas obras de hoy se ven empañadas por su baja aceptación ante actuaciones del pasado. ¿Pero cómo puede pretender la Policía ganar confianza y a su vez el ciudadano aceptar los requerimientos de la autoridad?

¿Cómo deben actuar?

La Policía hoy cuenta con una herramienta vital que no solo permite generar más espacios de diálogo con la comunidad, sino también evitar mayores confrontaciones, tal y como explica el coronel Diego Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría. Se trata del Código de Seguridad y Convivencia.

Sin embargo, cuando el ciudadano se torna agresivo, un procedimiento puede llevar a que lo judicialicen por violencia contra servidor público e incluso lesiones personales. A esta persona, en caso de no existir agresión, pueden llevarla al Centro de Traslado por Protección hasta que pase su estado de alteración y podrá estar allí hasta por 12 horas.

Sin embargo, pese a contar con esta herramienta, la intolerancia hacia los funcionarios sigue ganando terreno y muestra de ello es que este año se han impuesto 414 órdenes de comparendo por comportamientos agresivos o temerarios contra las autoridades de Policía, con 6 casos más que el año pasado.

Según la Policía, la mediación ha permitido dirimir conflictos tanto entre autoridades y ciudadanos, como entre civiles. Es obligación acceder a los procedimientos de identificación y de no contar con un documento, se debe permitir el traslado a una estación para verificar la identidad.

“La Policía capacita hace muchos años a su personal en Derechos Humanos porque los lineamientos y la Constitución lo exigen, así como los tratados internacionales y nuestra carta maga. Todos deben estar capacitados en derechos humanos y más cuando hoy son más visibles ante las veedurías y organizaciones encargadas de velar por los Derechos Humanos”, explica Fontal.

Añade que a diario se les recuerda a los uniformados la importancia del respeto hacia el ciudadano y se hace énfasis en quienes pertenecen al modelo de cuadrantes, es decir, quienes permanecen en las calles y quienes pertenecen a la Unidad de Mantenimiento del Orden (Undmo), que antes se conocía como Esmad.

El oficial añade que en la formación se reitera el deber de tener más tolerancia, pero también les recuerda a los ciudadanos que hoy la ley protege con mayor dureza a los uniformados, por lo que deben pensarlo dos veces antes de oponerse a procedimientos o atacarlos.

Dice que la orden en Manizales y Villamaría es que los agentes desciendan de sus vehículos y saluden a la gente, no solo en procedimientos, sino en sus labores de patrullaje diario, con lo que pretenden “ir rompiendo el hielo y esa brecha que existe con los ciudadanos y generar confianza”.

“En encuentros comunitarios y actividades con la sociedad, damos a conocer por un lado que queremeos acercarnos y trabajar con la comunidad, y por otro que existe una normatividad que exige respeto por la autoridad y tiene implicaciones hasta de tipo penal”, recuerda el comandante de la Metropolitana.

La mala imagen

El sociólogo y docente de la Universidad de Caldas, Fabián Herrera, asegura que en en el imaginario de la ciudadanía frente a la autoridad y el papel de la Policía, esta sigue representando las acciones de represión o injusticia.

El experto considera que a la Institución se le nota el esfuerzo por obtener una imagen favorable, pero la comunidad recuerda los casos de abuso de poder por encima de sus buenas acciones.

“En la actualidad se debe reconocer que lamentablemente hay desconfianza o resentimiento hacia los policías y por eso se requiere que los políticos y gobernantes se comprometan con trabajar en cultura ciudadana, tema que no se ha tenido en cuenta en muchos planes de gobierno, ni siquiera hacen parte de la agenda pública”, menciona Herrera.

Puntualiza en que la Policía debe seguir trabajando en mejorar los procesos internos y en cómo se relaciona con la población, de modo que siga reconociendo las buenas acciones más que los casos complejos que tuvo la Policía en años atrás.

Garantía para uniformado

De acuerdo con un experto de la firma de abogados Prosejurix, los policías tienen la facultad de ejercer fuerza, pero esta no puede pasar por encima de la Constitución y enmarcarse en los pilares de la dignidad humana, la solidaridad y los valores.

Por eso, todo procedimiento debe guardar un principio de proporcionalidad para evitar demandas. Esgrimir un arma debe verse como un factor disuasivo y no llegar a extremos como la muerte de Diego Felipe Becerra, a quien asesinaron en Bogotá por pintar un grafiti. El exceso policial llevó a que condenaran a cinco uniformados.

¿Pero qué garantías tiene el policía? El abogado menciona que para eso existe un manual de funciones, el que se debe conocer correctamente y saber hasta dónde llegar para que “no se le vaya la mano y que no solo aplica para los agentes de la fuerza pública.

Muestra de esta situación fue el reciente caso de Daniel Ibáñez, un joven motociclista a quien supuestamente un guarda de tránsito le lanzó un cono para evitar que huyera de un retén. Dice que la labor de este funcionario es administrativa y no la de perseguir a ciudadanos.

Castigos por agredir al funcionario

De acuerdo con el Código Penal, el que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.

El procedimiento en la proporcionalidad

1. Presencia policial.

2. Disuasión y comunicación.

3. Empleo de armas como tonfa y esposas o uso de la fuerza aprendida en el entrenamiento táctico.

4. Uso de elementos menos letales como la táser.

5. Utilización del arma de fuego como último recurso.

Por agredir a uniformados

Este año, la Policía ha capturado a 28 personas por violencia contra servidor público, mientras que en el 2022 iban 22, es decir, un aumento del 27%.

Ciudades ejemplo

El coronel Diego Fontal lleva 28 años al servicio de la Policía y destaca que Manizales y Villamaría son los municipios en donde ha laborado en donde encuentra mayor respeto de la gente hacia la autoridad, así como a personas más cultas, aunque destaca que se debe seguir trabajando contra la intolerancia.

Reconoce que otro reto es influenciar a los jóvenes, quienes creen que la fuerza pública solo está para corregir o reprender, lo que es el último recurso. Esto, potenciado por hogares disfuncionales y situaciones sociales.

Los sancionados

Irrespeto a las autoridades: 198

Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de la Policía: 71

Impedir, dificultar o resistirse a procedimientos de identificación: 42

Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia: 4

Ofrecer resistencia a la aplicación de una medida: 76

Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que causen daño: 27

Utilizar inadecuadamente el número único de seguridad y emergencia: 1