En marzo del 2022 y en presencia de altos mandos como el ministro de Defensa de la época, Diego Molano, del alcalde de Pereira, Carlos Maya, y de la Policía y el Ejército, se derrumbó una casa que se usaba como una supuesta olla de vicio.

Sin embargo, el hijo de la propietaria de la vivienda indicó que a ella la sacaron días antes por demencia senil, a quien trasladaron a un albergue y porque la propiedad amenazaba ruina.

Tal y como lo reseñó el portal La Silla Vacía, unos policías le pidieron las llaves al hombre y este las entregó. Luego grabaron un video con habitantes de calle adentro para mostrar que allí efectivamente se consumía vicio. Este año capturaron al capitán Héctor Julián Botero Sánchez, natural de Manzanares, junto a otros cinco oficiales y suboficiales.

Deben responder por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, uso arbitrario de autoridad, prevaricato por omisión y destrucción u ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Nulidad Procesal

El pasado 18 de mayo, el Tribunal Superior de la Justicia Penal Militar y Policial decretó nulidad sobre el auto interlocutorio del 4 de abril de 2023 que definía la situación jurídica del oficial caldense, así como la de los demás investigados, trayendo como consecuencia procesal el restablecimiento de derechos de los policiales.

Por eso se ordenó su libertad inmediata y la restitución a su puesto de trabajo, hasta tanto no se subsanen los yerros del juzgado de instrucción, respecto a la situación jurídica y concurrente determinación de la procedencia, caso por caso, de la medida de aseguramiento y no en términos generales como se resolvió en la decisión que impugnó la defensa.

“Habrá de decretarse nulidad del interlocutorio del 04 de abril hogaño, bajo el entendido que no se puede tener como resuelta la situación jurídica del indagado, al no haberse determinado fáctica y jurídicamente los presupuestos de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que conduzcan a identificar cuál es el indicio grave de responsabilidad que existe en contra del capitán”, dice la sentencia.

¿Qué significa?

LA PATRIA dialogó con especialistas de la firma de abogados PROSEJURIX, quienes puntualizaron que la indagación se revierte en la estructuración del indicio de responsabilidad de los investigados, la definición de situación jurídica y la imposición de la medida de aseguramiento, “decisiones afectadas con la nulidad, sin embargo se conservarán las actuaciones al margen del reproche, con lo cual sigue en curso la indagación, una vez se subsanen los yerros anotados por el magistrado”.

Por lo tanto, los servidores seguirán vinculados a la investigación, gozando de la presunción de inocencia propia de toda actuación penal, toda vez que los efectos de la nulidad son devolver las actuaciones al punto donde se configuró el yerro que dio origen a la misma y desde allí retomar nuevamente las indagaciones.

Se pudo establecer que las razones del magistrado para decretar la nulidad, hacen referencia a la violación del principio de taxatividad a manos del juez de instrucción, por incurrir en "la violación del derecho de defensa o al debido proceso en aspectos sustanciales" (artículos 596 y 597 Código Penal Militar), al momento de de resolver la situación jurídica de los investigados, y la imposición de la medida privativa de la libertad.

Restablecimiento

“Dicho proceder que derivó en las restricción injusta de las garantías de contradicción y defensa de los investigados, frente a la decisión que los afecta, se compensa con los efectos contemplados como restablecimiento de derechos de los investigados y revocatoria del auto interlocutorio y se reflejan en la libertad inmediata y hasta tanto no se corrijan las irregularidades de las actuaciones anuladas”, menciona la firma.