LA PATRIA | MANIZALES

"Después de todo el daño irreparable por lo que en su momento el periódico publicó, no tengo más que agradecer a Dios y a la justicia que siempre estuvieron de mi lado, de mi familia -de mis amigos- y del gabinete al que tanto daño le hicieron. ¡Dios es grande!", así le respondió a LA PATRIA el exgobernador de Caldas Mario Aristizábal Muñoz, al preguntarle cómo tomaba la decisión del Consejo de Estado que condenó a la Contraloría General de la República a indemnizarlo por la suspensión provisional del cargo como mandatario del departamento.

Los hechos

En el 2011 la Contraloría General de la República, que en su momento estaba a cargo de Sandra Morelli Rico, decidió suspender del cargo a Aristizábal (2008-2011), debido a un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en relación con el contrato de concesión de chance en el departamento.

Según un comunicado del exgobernador, como consecuencia a esa medida el Gobierno nacional expidió el Decreto 3450 del 19 de septiembre del 2011 que ratificaba la suspensión. "Sin embargo, la Dirección de la Contraloría Delegada decidió el 27 de marzo del 2015, con Auto 204, archivar dicho proceso de responsabilidad fiscal, porque el hecho no es constitutivo de daño patrimonial".

Ante esto Aristizábal demandó a la Contraloría General de la República para que los daños materiales y morales causados le fuesen resarcidos, pero le fue negada por el Tribunal Administrativo de Caldas el 21 de febrero del 2019.

Presentó apelación ante el Consejo de Estado, que falló a su favor la semana pasada. En el comunicado, Aristizábal Muñoz afirmó: “Como ciudadano de bien y orgulloso hijo del departamento de Caldas, siento un gran alivio con esta decisión del Consejo de Estado y si bien el sufrimiento personal y familiar fue inmenso, lo mismo que los daños profesionales y políticos, casi que irreversibles, finalmente la justicia prevaleció”.

Añadió: “No es aceptable que funcionarios públicos como la señora Sandra Morelli, motivada por perversos intereses políticos y en busca de un protagonismo desmedido, se extralimitase en sus funciones y causara un daño moral irreparable. Siempre mantuve la conciencia tranquila y hoy, con esta sentencia, se reafirma mi fe en la justicia y en la integridad de nuestras instituciones”.

Al cuestionarle por cuánto era la indemnización, Aristizábal Muñoz dijo: "No es necesario tocar temas de recursos. Lo importante es que me absolvieron de todo y que las denuncias fueron totalmente infundadas e ilegales".

Antecedente

Las primeras investigaciones sobre el presunto detrimento patrimonial para el Departamento, por la firma del otrosí con la casa de apuestas (Susuerte), las inició LA PATRIA. La Contraloría General de la República abrió el proceso el 12 de abril del 2011, cuando Mario Aristizábal Muñoz aún estaba en el poder. El 29 de enero del 2013 la entidad les imputó a los implicados su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial, considerando que el otrosí implicó que Susuerte, empresa que maneja el chance en Caldas, redujo las transferencias de unos $50 mil 497 millones, en el período del contrato, a unos $ 40 mil millones.

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