La vía que comunica a Chocó y Risaralda es una zona de alta tensión por varias razones. La presencia de miembros del Eln, problemas en la construcción de la calzada, constantes derrumbes y protestas de las comunidades afro e indígenas que habitan el territorio han convertido esa parte del país en una vía que requiere especial atención.

Esta semana, el resguardo indígena Gito Dokabu junto con comunidades afro decidieron realizar una minga en la carretera solicitando la presencia del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras y representantes de los gobiernos locales, para que les cumplan con las promesas que les han hecho.

En el documento donde se cita a la minga cerca a Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico (Risaralda), desde el lunes 10 de febrero a las 6:00 a.m., el resguardo pide que se cumpla con las promesas en infraestructura, proyectos educativos y comunitarios que no han llegado al territorio.

“Terminación de puente bajo Gito, el cual comunica veredas de Jito Chake, Bajo Brillante, Cuna Gito, Mutatá, Dos Quebradas, entre otros. Terminación de acueducto Jito Chake. Reparación y mantenimiento del acueducto Cuna Gito. Construcción de acueducto en Colonia. Construcción de acueducto comunidad Las Tres Torres”, entre otras peticiones que, según ellos, les han incumplido.

Soluciones temporales

El bloqueo en la carretera va para tres días, y aunque han hecho presencia miembros de la Gobernación y de la Alcaldía de Pueblo Rico, no se ha logrado llegar a un acuerdo definitivo.

Con la gobernadora encargada, Sandra Milena Henao, se reunió el consejero mayor, Marco Fidel Guasarave, representante del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), en compañía del comandante operativo del departamento de Policía Risaralda.

En la reunión que se realizó en la tarde del martes 11 de febrero, la Gobernación informó que se lograron acuerdos “para continuar garantizando la seguridad, la vida y las actividades en nuestros territorios indígenas”, señaló la gobernadora encargada.

Como parte de los acuerdos, se definió la implementación de mesas de seguimiento étnico, que se llevarán a cabo trimestralmente.

“Estas mesas permitirán evaluar de manera constante las condiciones de seguridad en los territorios indígenas, garantizando un diálogo continuo y la ejecución de acciones efectivas para la protección de sus comunidades”.

A partir de esos acuerdos, se abrió la vía el martes 11 por cerca de 2 horas, permitiendo el paso de transportadores que estaban detenidos sin saber cuánto tiempo más tendrían que esperar.

Tensiones

En medio de la incertidumbre de los transportadores que se encuentran en el lugar, se han presentado enfrentamientos entre miembros de la comunidad indígena y conductores.

En la vía que comunica a Quibdó con Medellín, en el sector del Carmen del Atrato, un conductor al parecer resultó lesionado después de un enfrentamiento con indígenas que no le permitieron la movilidad.

En la vía Pereira - Quibdó, otro conductor fue obligado a arrodillarse y permanecer varios minutos en esa posición tras discutir con indígenas que le negaron el derecho a movilizarse.

Suspensión de la ruta Pereira - Chocó

Desde la Terminal de Transportes de Pereira anunciaron que, debido a la continuidad de los bloqueos y las tensiones, hoy 12 de febrero dejaron de enviar los 14 vehículos que normalmente cubren la ruta entre ambas ciudades.

Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la terminal, señaló que los buses solo llegarán hasta Pueblo Rico o, máximo, Santa Cecilia.

“Hemos dejado de enviar los 14 buses que siempre se enviaban para Chocó todos los días. Las personas afectadas desde Pereira son aproximadamente entre 350 y 500 que salen diariamente para ese sector”, afirmó Artunduaga.

El director de la terminal añadió que la situación ha dejado a numerosas personas sin la posibilidad de acudir a citas médicas, realizar actividades comerciales o visitar a sus familiares, lo que ha provocado un creciente malestar entre la población.

Miembros del gremio de transportadores de carga también han señalado que las pérdidas son millonarias, afectando la economía de la región.

Juan Diego Ortiz, secretario nacional de la Confederación Colombiana de Transportadores, expresó su preocupación por la afectación al gremio camionero y destacó la necesidad de una intervención del Gobierno Nacional.

“Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad indígena y a los transportadores para mantener la calma y encontrar una solución. Mientras tanto, recomendamos suspender el envío de vehículos entre Risaralda y Chocó hasta que se resuelva la situación”, indicó Ortiz.

Gobernación de Risaralda le exige al Gobierno Nacional atender el problema

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, señaló que si bien la Gobernación ha atendido las solicitudes que están dentro de su competencia, muchas de las exigencias de la comunidad –como la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, la asignación de plazas educativas por parte del Ministerio de Educación y mejoras en infraestructura vial a cargo del Ministerio de Transporte– dependen directamente del Gobierno Nacional.

“Los municipios que limitan con el corregimiento de Santa Cecilia dependen en gran medida de los bienes y servicios de Pereira. No es justo que cada mes se presenten bloqueos en esta vía por problemas que corresponden al Gobierno Nacional, afectando el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos”, afirmó el secretario de Gobierno.

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