Sindicatos del Inpec se oponen al traslado de Maya a La Cárcel La 40

Foto | Tomada de la Fiscalía | LA PATRIA | PEREIRA Sindicatos del Inpec se oponen al traslado de Maya a La Cárcel La 40

Después de que la juez decidiera enviar a Carlos Maya a prisión como medida preventiva mientras avanza el proceso legal en su contra, por considerarlo un peligro para la sociedad, los sindicatos de trabajadores del Inpec en Pereira y Risaralda han manifestado su inconformidad frente al posible traslado del exalcalde a la cárcel La 40. 

El dragoneante Fabio Espinoza, presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos Penitenciarios del Inpec, señaló que bajo la responsabilidad de la institución se encuentran solamente las personas que han sido condenadas

Sin embargo, como el exalcalde es sindicado, quien debe hacerse cargo de él es la administración municipal. Para que haya una reclusión en la cárcel La 40 debe haber un convenio entre el Municipio y el Inpec. “Estamos atentos esta puede ser la oportunidad de que la Alcaldía vea la importancia de tener estos convenios”, señala el dragoneante. 

Si trasladan a Maya a las instalaciones del centro penitenciario, asegura Espinoza, no lo van a recibir debido a la falta de convenios vigentes.   

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Ante la negativa, el cumplimento de la orden de la juez debe ser decidido por la Alcaldía de Pereira, que tiene entre sus posibilidades centros como la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), ubicada en la calle 14 con carrera quinta, calabozos de la Policía, URI o que permanezca en las celdas del Búnker de la Fiscalía.

Hasta el momento no se conoce la decisión de la administración municipal para dar cumplimiento con la decisión de la juez. Se espera que en las próximas horas se conozca dónde estará Carlos Maya.  

El proceso por el que se encuentra Maya encartado con la justicia se origina en que la Avenida de Los Colibríes es una obra que presenta significativos retrasos y aparentes sobrecostos. Pasó de 32 mil millones de pesos presupuestados a 52 mil millones con las adiciones y apenas tiene una avance del 30 por ciento, después de tres años, cuando ya debería estar finalizada.


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