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Juan Daniel Oviedo firmó un contrato con el Estado seis meses antes de las elecciones. La inhabilidad electoral lo deja fuera del Concejo de Bogotá, aunque el fallo puede ser apelado.
LA PATRIA | Manizales
La elección de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá para el periodo 2024-2027 fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al determinar que incurrió en una inhabilidad electoral.
Según el fallo, Oviedo firmó un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, menos de un año antes de las elecciones regionales del 2023, lo que viola las normas electorales.
El contrato, suscrito el 20 de junio del 2023, fue por más de $100 millones e implicaba el arrendamiento de una oficina en el centro de Bogotá. Esto lo dejó inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular en la ciudad.
Impacto en el Concejo y respuesta de Oviedo
Oviedo obtuvo su curul en el Concejo de Bogotá gracias al Estatuto de la Oposición, tras quedar en segundo lugar en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá con más del 20% de los votos.
Aunque el fallo puede ser apelado ante el Consejo de Estado, el exdirector del DANE había expresado previamente su intención de renunciar para enfocarse en una posible candidatura presidencial en el 2026.
Los abogados de Oviedo aseguraron que el concejal seguirá ejerciendo su cargo hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva.
El tribunal consideró que la inhabilidad se configuró debido a que el contrato afectó directamente su aspiración política en Bogotá dentro del plazo establecido por la ley.
Reacciones y escenario político
La decisión judicial también tiene implicaciones en la configuración del Concejo de Bogotá y en el futuro político de Oviedo. Desde su llegada, ha impulsado temas de autonomía fiscal regional a través del movimiento "Por las Regiones Firme".
El fallo podría sentar un precedente para futuras candidaturas en Colombia, especialmente en lo relacionado con la compatibilidad entre contratos públicos y aspiraciones políticas. Mientras tanto, el sector político sigue atento a la resolución final del Consejo de Estado sobre el caso.
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