El pensilvanense Óscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial en el 2014. Cayó en la segunda vuelta electoral ante el entonces presidente Juan Manuel Santos, que resultó reelegido.

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El pensilvanense Óscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial en el 2014. Cayó en la segunda vuelta electoral ante el entonces presidente Juan Manuel Santos, que resultó reelegido.

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LA PATRIA | MANIZALES*

A través del Grupo de Tareas Especiales para el 'Caso Odebrecht', la Fiscalía General de la Nación informó en la mañana de este martes que avanzó en el proceso de esclarecimiento del entramado de corrupción que promovió esta constructora brasileña en la contratación de obras públicas y en otros escenarios de la vida nacional.

En atención al "abundante material de prueba obtenido", el ente acusador presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial caldense Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo y gerente de campaña, David Zuluaga Martínez, y la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen. Asimismo, anunció que fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación Gina María Parody D'echeona, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada.

Financiación de campaña con dineros del extranjero

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que, en el 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República Óscar Iván Zuluaga, oriundo de Pensilvania (Caldas), se habría reunido varias veces, en su apartamento del norte de Bogotá con Eleuberto Antonio Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña.

En atención a lo acordado, entre junio y julio del 2014, Odebrecht giró 1 millón 610 mil dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça.

Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.

Las evidencias dan cuenta de que Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de $25 mil millones, como en efecto ocurrió.

Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Así indujeron a error a la autoridad electoral, que cerró una investigación que adelantada sobre el particular.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará al caldense los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, mientras que a su hijo David, el delito de fraude procesal.

Caso de las exministras

Cecilia Álvarez, en su condición de ministra de Transporte entre septiembre del 2012 y agosto del 2014, es señalada de avalar la celebración de otrosíes al contrato ‘Ruta del Sol II’. Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley. Por esto, se le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos. 

De la misma manera, la Fiscalía archivó la investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación Gina Parody, como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el mismo caso del proyecto 'Ruta del Sol II'. Al valorar los elementos de prueba, no se encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exfuncionaria no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. De igual manera se descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.