EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El contratista Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en un millonario fraude al Estado en un contrato para la conexión a internet de más de 7 mil escuelas rurales, informó este jueves (19 de diciembre) la Fiscalía.

La pena, que tuvo en cuenta un preacuerdo de culpabilidad firmado por Tapia y la Fiscalía por su responsabilidad en el escándalo del contrato Centros Poblados, implica que el condenado devolverá 5.063 millones de pesos (algo más de 1,1 millones de dólares).

"El sentenciado previamente había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Ese entramado de corrupción fue denunciado en 2021. Para empezar a ejecutar el contrato, cuyo monto total superaba el billón de pesos (unos 226 millones de dólares de hoy), el Gobierno colombiano dio a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 15,8 millones de dólares de hoy), pero el proyecto avanzó muy poco en su ejecución.

Según el expediente, Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso de contratación.

Con esta maniobra y sin tener las garantías bancarias, fue beneficiado con la adjudicación y posterior legalización del contrato.

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Más adelante, gestionó y entregó tres pólizas bancarias falsas y así recibir un anticipo, del cual a Tapia le correspondieron 5.063 millones de pesos que "destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados", detalló la Fiscalía.

El segundo caso tiene que ver con que Tapia, en 2021, creó un consorcio con empresas con el propósito de quedarse con dos contratos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, ubicada entre Buga y Loboguerrero, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).

En el proceso falsificó las pólizas que garantizaba el cupo de crédito por el 30 % de cada uno de los contratos.

Actualmente Tapia está preso en una cárcel de la ciudad de Barranquilla. Ha purgado otras condenas por el 'carrusel de la contratación' que desfalcó a Bogotá mediante la firma irregular de multimillonarios contratos de obras viales como la fase III de Transmilenio, durante el periodo del fallecido exalcalde Samuel Moreno Rojas (2008-2011).

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