El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, habla hoy durante una rueda de prensa al terminar su intervención en el 8 Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena.

Foto | EFE | LA PATRIA El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, habla hoy durante una rueda de prensa al terminar su intervención en el 8 Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena.

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EFE | LA PATRIA | Cartagena

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a 55 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.

Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, como "presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos", indicó este jueves la Fiscalía en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.

Entre los 33 exfuncionarios de la ANI también figura el caldense Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.

Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI "intervinieron en la suscripción de seis otrosíes (adendas) de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista".

Estos otrosíes habrían generado un "impacto negativo", por el no cobro de multas, descuentos y otras irregularidades, por valor de más de 160.000 millones de pesos (unos 38,6 millones de dólares).

La entidad agregó que también imputará cargos a "22 personas más", entre los que figuran directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un "entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de $80.000 millones (unos 19,5 millones de dólares) en sobornos en Colombia".

Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista, entre otros.

La Ruta del Sol II

La Fiscalía "ha develado el mecanismo criminal", en palabras del fiscal general, Francisco Barbosa, que permitió que la multinacional, desde su sede en Brasil, creara un departamento "dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo", según explicó en una rueda de prensa.

Este modelo se replicó en Colombia, según la Fiscalía, y los sobornos contaron "con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares", explicó la Fiscalía.

Esta "empresa criminal paralela", según la Fiscalía, actuó en la adjudicación del contrato de la llamada Ruta del Sol II, que une al centro del país, desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, con el Caribe, en San Roque (Cesar).

Así, se aseguraron "dádivas" pagadas a través de empresas "offshore" y Odebrecht consiguió en menos de ocho años apropiarse "de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de $80.000 millones".

Las denuncias de Petro

El anuncio de las imputaciones se realiza después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lleve días cuestionando la trama política y de corrupción que rodea esta obra de infraestructura.

"La carretera es la Ruta del Sol, le dicen la trocha del sol hoy, y perdimos 2 billones de pesos (unos 487 millones de dólares) y cogieron millones de dólares y sobornaron políticos y políticos y políticos y no existe la Ruta del Sol II hoy", dijo en un acto esta semana.

Además, el pasado martes Petro ordenó a la Cancillería que "utilice todos los medios de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado Colombiano".

El Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II.

El pasado viernes la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al Grupo Aval "de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)", por lo cual ese conglomerado acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de "enjuiciamiento diferido" por lo cual pagará 20 millones de dólares.

La Fiscalía ya ha imputado por los coletazos de Odebrecht en Colombia a ministros y otras personas, entre ellas el excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y también a su hijo David Zuluaga.

De acuerdo con Barbosa, que anunció esta semana 60 nuevas imputaciones, por el caso de corrupción de Odebrecht hay cerca de 110 imputaciones que incluyen a exfuncionarios de renombre.

Estas son las 33 personas que fueron llamadas a imputación, con los cargos que desempeñaban para el momento de los hechos:

1. Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.

2. Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).

3. Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).

4. Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.

5. José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.

6. Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.

7. Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.

8. María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera.

9. Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.

10. Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).

11. Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8.

12. Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).

13. Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.

14. Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista).

15. Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno – vicepresidente de Gestión Contractual.

16. David Leonardo Montaño García, experto GGC2.

17. Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.

18. Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.

19. Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.

20. Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.

21. Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).

22. Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.

23. Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07.

24. María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.

25. Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos - Gestión Contractual 2.

26. Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales.

27. Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.

28. Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2.

29. Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).

30. Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo.

31. Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).

32. Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero.

33. Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.

Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación.

 

Los 22

A directivos

La Fiscalía formulará cargos a directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Se trata del presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira. Estas personas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

 

Contratistas 

Se formulará cargos contra los dos representantes legales de la empresa Midas S.A.S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado porque habrían suscrito dos contratos por valor de $3.931 millones. De este contrato se habría direccionado $2 mil millones al lobista Otto Bulla. Además, estas dos personas habrían tomado para cada uno $260 millones del total de los contratos. Así mismo, al exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Heli Giraldo Escudero, por su intervención en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de los sobornos, Por último, a los Socios propietarios de Midas S.A.S. Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.

 

A lobista

Luis Bernardo Villegas Giraldo es llamado a imputación por presuntamente realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindieran concepto favorable de cuatro de los otrosíes del contrato 001 de 2010, por el cual se adjudicó la Ruta del Sol II. La persona al parecer recibió en total $9.542 millones. El cobro de sus honorarios habría sido cancelado por intermedio de tres empresas, la primera de ellas, era de su esposa, Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. Por lo anterior, a estas cuatro personas la Fiscalía les formulará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

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