EFE | LA PATRIA | Bogotá

En un capítulo que sigue estremeciendo a la política colombiana, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y mano derecha del presidente, Gustavo Petro, enfrenta acusaciones de liderar un complot. Ayer, en medio del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sarabia desmintió tajantemente las insinuaciones hechas por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y de las principales imputadas en el caso.

"Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar información", respondió Sarabia a través de su cuenta de X, dejando clara su posición frente a las acusaciones que la involucran en esa trama.

Sandra Ortiz, quien ahora enfrenta prisión preventiva tras la decisión de una jueza en Bogotá, señaló en una audiencia que "una mujer muy poderosa en la Presidencia" estaría detrás de un supuesto complot en su contra. Aunque no mencionó directamente a Sarabia, su testimonio hizo alusión a conversaciones en las que el nombre de la directora del Dapre aparece relacionado con advertencias sobre irregularidades en la compra de carrotanques para llevar agua a comunidades vulnerables de La Guajira.

"El que las hace se las imagina"

Laura Sarabia aseguró que su labor en el Dapre ha estado marcada por acciones contundentes. "Mi ingreso al Dapre fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la UNGRD e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero", señaló.

Desde su postura, las acusaciones en su contra carecen de fundamento y representan intentos por desviar la atención de los verdaderos responsables. "He cumplido mi labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace se las imagina", agregó Sarabia.

Un golpe a la confianza pública

El caso de corrupción en la UNGRD sigue ampliándose, salpicando a figuras de alto rango, como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exdirector de Inteligencia Carlos Ramón González. Mientras tanto, Ortiz fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, bajo los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos.

La magnitud del escándalo pone en evidencia las fracturas dentro del Gobierno Petro, mientras organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría respaldan las medidas judiciales contra los involucrados. En medio de las acusaciones cruzadas y los señalamientos, el país observa cómo esta red de corrupción afecta no solo las arcas públicas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de gestionar emergencias.

Contratos sin agua, pero con millones perdidos

El escándalo se centra en la malversación de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 camiones cisterna. Según la Fiscalía, estos contratos no cumplían con los requisitos legales ni técnicos, lo que resultó en la pérdida total de los recursos. En el centro del entramado se encuentran Olmedo López y Sneyder Pinilla, director y subdirector de la UNGRD, respectivamente, ambos nombrados por el presidente Petro.

Las investigaciones revelan que Ortiz habría sido la intermediaria en el traslado de 3.000 millones de pesos que supuestamente llegaron al entonces presidente del Senado, Iván Name. Según los registros judiciales, Ortiz utilizó vehículos oficiales para mover el dinero, plenamente consciente de su origen ilícito.

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