EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno nacional pedirá a Estados Unidos y a Brasil colaboración jurídica para investigar a fondo la corrupción de la constructora Odebrecht y su relación con un poderoso grupo empresarial del país, anunció ayer el presidente, Gustavo Petro.

El mandatario dijo que con ese propósito ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores "utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano".

El Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht en el país para que se le adjudicara el contrato de construcción de la carretera Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país.

El pasado viernes la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al Grupo Aval "de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)", por lo cual ese conglomerado acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de "enjuiciamiento diferido" por lo cual pagará 20 millones de dólares.

Enfrentamiento con exfiscal

Tras ese anuncio, Petro criticó al exfiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez -con el que está enfrentado políticamente- por su presunta relación con el caso como abogado del Grupo Aval, que además de Corficolombiana incluye empresas del sector financiero como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Multibank y el fondo de pensiones Porvenir, entre otras.

"La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: Un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares", expresó el presidente.

Según datos revelados en diciembre del 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África.

Sin embargo, la Fiscalía colombiana calculó, en la época de Martínez, en $84 mil millones de pesos el monto de los sobornos de la constructora en el país.

En este contexto, el jefe de Estado solicitó a la Fiscalía "reabrir los casos, si es necesario, del proceso Odebrecht-Aval y hallar los destinatarios de los sobornos".

"Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana", agregó Petro.

Corficolombiana, por medio de otra empresa llamada Episol, es de los mayores inversores en infraestructura vial en Colombia con participación en concesiones de carreteras del país.

Respuesta del exfiscal

El exfiscal Nestor Humberto Martínez respondió a las acusaciones del presidente Petro y afirmó que nunca fue "abogado del consorcio ante el Estado para el trámite y adjudicación de los dos contratos espurios de concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2".

"Es cierto sí que fui el abogado que tramitó el Contrato de Estabilidad Jurídica, por encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta", agregó Martínez en un pedido de rectificación enviado al mandatario.

Martínez fue fiscal general de Colombia entre agosto del 2016 y mayo del 2019, con lo cual le correspondieron las primeras investigaciones del caso Odebrecht en el país. Previamente había sido ministro de Justicia (1994-1996), de Interior (1998-2000) y de la Presidencia (2014-2015).

"En Colombia, durante los tres años de mi administración, los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación, recaudaron la evidencia más importante (...) y mientras la justicia internacional hablaba de 11,5 millones de dólares en sobornos", los fiscales colombianos "habían establecido que las coimas en nuestro país ascendían a 84.000 millones de pesos (unos 20,8 millones de dólares de hoy)", señaló Martínez.