Total incertidumbre se cierne sobre el proyecto de reforma a la salud cuya difícil situación financiera por las que pasan clínicas, hospitales, laboratorios y farmacéuticas agrava su situación, debiendo enfrentar el proyecto el paso a la Comisión Séptima del Senado que lo hundió en la pasada legislatura. En su carrera contrarreloj, habiéndose agotado el tiempo de las sesiones ordinarias, el Gobierno convocó a extraordinarias buscando ser aprobada antes del 20 de junio de 2025, fecha en que termina esta legislatura.
El entrante año será bastante complejo, debido al ambiente electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, que agitará el inevitable debate político. Con la aprobación de la ponencia positiva, el Gobierno y los ponentes esperaban que la plenaria aprobara en dos días los 62 artículos en las sesiones extraordinarias, las que terminaron el 19 de diciembre en medio de un tensionado ambiente por acusaciones que se presentaron sobre las garantías del debate, surgiendo la discusión sobre si el proyecto debía tramitarse como ley ordinaria o estatutaria, pues su diferencia es bastante significativa. Como ley ordinaria como se está tramitando, requiere 4 debates: 2 en Cámara y 2 en Senado. Como estatutaria, requiere un procedimiento más riguroso, 8 debates; 4 en Cámara y 4 en Senado, cumpliendo requisitos constitucionales más estrictos.
Consideramos que su trámite debió ser como ley estatutaria, pues lo propuesto por el Gobierno regula de forma integral, estructural y completa la prestación al derecho fundamental a la salud. En contrario, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República el día 13 de septiembre de 2024 emitió concepto sugiriendo trámite ordinario, presentándose seria discrepancia dentro del Gobierno, pues mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la respaldaba, el ministro del Interior se apartaba de ella, argumentando que debía ser estatutaria. Aparte de las innumerables objeciones que se le han hecho al proyecto de reforma por no enmendar los errores que por supuesto tiene el actual sistema, destruyendo todo lo bueno logrado en 31 años de existencia, lo consignado en él por el Gobierno no le cierra el paso a la politización, al no contemplar, por ejemplo, métodos de meritocracia para la escogencia de los gerentes de los hospitales regionales y, en contrario, proponer que las Gestoras de Salud y las Secretarías del ramo departamentales y distritales tuvieran la responsabilidad de elegir y contratar hospitales y clínicas abriendo la posibilidad de cobrar peajes a los prestadores para ingresar a la red, como en el pasado.
El sistema cierra este año con un hueco de más de 9 billones de pesos por deudas del 2024, pues la deuda acumulada se calcula entre 11 y 25 billones. Difícil entender cómo, una vez más, las bancadas liberal y conservadora que dicen estar enfrentadas al Gobierno fueron las que aprobaron la ponencia positiva, impidiendo el archivo del proyecto, desconociendo la experiencia obtenida hoy con la reforma al sistema de salud de los maestros que ha sido un verdadero desastre. No pudiendo con un sistema de 800 mil personas como es el de los maestros, el nuevo proyecto en discusión se hace cargo de 50 millones de colombianos. Petro, con el sol a la espalda, sufrirá un nuevo revés en el Senado.