La situación actual de las finanzas públicas en Colombia es, sin lugar a dudas, una de las más preocupantes en la historia reciente del país. El aumento desmedido de la deuda pública ha superado cualquier previsión y pone en riesgo el futuro económico de todos los colombianos. En apenas unos años, bajo la Administración del presidente Gustavo Petro, la deuda externa ha alcanzado cifras alarmantes, reflejando una tendencia que viene desde el Gobierno de Iván Duque, pero que se ha acelerado en los últimos tiempos.
En 2022 la deuda externa de Colombia se acercó a los 157.000 millones de dólares, y al final de 2023 ya superaba los 172.000 millones. Esto implica un aumento de más de 15.000 millones de dólares en solo un año, lo que representa un crecimiento de casi el 10%. Estos números, por sí solos, deberían ser suficientes para hacernos reflexionar sobre el futuro económico del país. Lamentablemente, no solo se trata de un problema de cifras, sino de las implicaciones sociales, políticas y humanas que esto acarrea.
Cada peso de deuda que el Gobierno debe pagar, no es solo un número en un presupuesto, es un peso que les cuesta a los colombianos en su vida diaria. El aumento de la deuda pública significa que más recursos deben destinarse a pagar intereses, dejando menos dinero para la inversión en servicios básicos como educación, salud, infraestructura y seguridad. En 2022, el Gobierno destinó alrededor de 52 billones de pesos solo al servicio de la deuda. Esta cifra representa más del 15% del presupuesto nacional, lo que implica que una parte significativa de los recursos del Estado se va en pagar compromisos previos, sin que se logren avances sustanciales en las necesidades más urgentes del país.
Una de las principales razones de este aumento es la falta de control sobre el gasto público. La contratación de más funcionarios y la creación de nuevos puestos en la administración pública, muchas veces innecesarios o no debidamente justificados, sigue siendo un lastre para las finanzas del Estado. Según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, en los últimos cinco años, la nómina pública creció en aproximadamente 200.000 nuevos empleados, lo que, aunque se haya justificado como un intento por mejorar los servicios y la cobertura, en muchos casos ha generado una burocracia innecesaria que, lejos de mejorar la eficiencia, solo incrementa el gasto público.
Y aquí es donde se encuentra la verdadera tragedia: la deuda se está convirtiendo en una bola de nieve. Cuanto más crece, más difícil es pagarla, y mientras más recursos se destinan a pagarla, menos dinero queda para invertir en lo que realmente importa: el bienestar de la población. La deuda, en lugar de ser un instrumento para impulsar el desarrollo, se está convirtiendo en una carga insostenible que las futuras generaciones tendrán que cargar.
Este aumento de la deuda pública no es solo un problema de números y presupuestos. Es un problema que afectará a cada colombiano, en cada rincón del país. Las futuras generaciones de colombianos se verán afectadas por una carga que no es suya, pero que tendrán que pagar. Y lo peor es que, por ahora, parece que la administración no tiene un plan claro para revertir esta tendencia.