El ministro Bonilla se va, y empezamos con el tercer ministro de Hacienda de este Gobierno. En la actual situación, habría sido útil y deseable mucha estabilidad en el cargo; sin embargo, en esto también el presidente ha sido caprichoso.
Estamos muy cerca de romper la regla fiscal, pues varias decisiones han afectado: el aumento del gasto en burocracia, la aprobación de la reforma pensional, el cambio en el Sistema General de Participaciones y el aumento del cupo de deuda.
La reforma tributaria del 2022 incluyó un impuesto saludable que llegará al 20% en enero. El 70% de los productos de las tiendas de barrio están gravados, y las ventas, consecuentemente, se han desplomado. Muchos negocios han vuelto a la informalidad pese a las sanciones de la DIAN.
A finales del 2023, el Gobierno presentó el proyecto de presupuesto general para 2024 y sostuvo que tendría unos ingresos tributarios por 315 billones. En febrero del 2024, dos meses después de ser expedido el presupuesto, bajó la proyección a 290,3 billones (25,6 billones menos) y, en junio, en el marco fiscal, bajó a 258,6 billones. Los estudiosos del tema sostienen que los ingresos tributarios totales del año serán 248 billones, una diferencia de 68 billones.
Por supuesto, el bajo recaudo afecta el presupuesto de 2024. De los 350 billones aprobados para gasto, en junio, con el marco fiscal, se recortaron 30,8 billones. El mes pasado, el Gobierno hizo un recorte adicional de 8,4 billones. Se necesita una reducción adicional de 21 billones si se pretende cumplir con la regla fiscal.
El presupuesto del año 2025 también está desfinanciado. Según la CARF, se debería hacer un recorte por 39,1 billones de pesos. El monto del presupuesto no fue aprobado por el Congreso y será emitido por decreto. La posición del Gobierno es no reducir el monto, sino aprobar una ley de financiamiento con nuevos nuevos impuestos.
Eliminar el régimen simple es un error. Afectaría el proceso de formalización y gravaría con altos impuestos a las pequeñas y medianas empresas. El aumento del impuesto al carbono sería terrible para el ya elevado precio de la gasolina y de los tiquetes aéreos.
Otra de las pretensiones de la ley de financiamiento es modificar la regla fiscal, con un procedimiento que le permitiría gastar más el próximo año. También la falsa promesa de descentralización, comprometió a la Nación a pagar más de 50 billones en los próximos años. Este nuevo SGP aumentará la deuda neta del Gobierno en el año 2030 al 68,9% del PIB (rompiendo definitivamente la regla fiscal). A esto hay que sumarle que la reforma pensional aumentará el pasivo pensional del país. Al año 2100 pasará del 106% del PIB a más del 160% del PIB.
Tenemos un escenario fiscal complejo, y conviene que el Gobierno entienda que las finanzas públicas no se manejan pensando en las siguientes elecciones, sino en la estabilidad del país en el mediano y largo plazo. Vamos mal, hay que mejorar.