En los últimos días, como miembro de la Comisión Tercera de Cámara, me han preguntado con frecuencia cuál es mi punto de vista sobre el fallido Proyecto de Ley de Financiamiento propuesto por el Gobierno nacional, el cual fue hundido en las comisiones económicas del Congreso. Esta iniciativa buscaba recaudar entre 9,8 y 12 billones de pesos para financiar el Presupuesto del año 2025.

Lo positivo de la propuesta era que incluía la eliminación del IVA del 19% para los hoteles de casi todo el país, en 1.089 municipios de Colombia con población inferior a 200 mil habitantes; una disminución gradual, en un plazo de cinco años, del Impuesto a la Renta Corporativa de las empresas, pasando del 35% al 27,3%; estímulos para avanzar en la transición energética; créditos para mejoramiento de vivienda sin hipoteca a través del Fondo Nacional del Ahorro; beneficios tributarios para deudores, entre otros.

Sin embargo, lo negativo del proyecto fue que, en su última ponencia, el Gobierno decidió eliminar la propuesta del IVA a los juegos de suerte y azar en línea -que actualmente no pagan este impuesto y con el cual se esperaba recaudar más de 2 billones de pesos-; la eliminación del Régimen Simple de Tributación, que dejaría a profesionales de la salud y a emprendedores sin un mecanismo especial que los clasifique; y el aumento general del Impuesto al Carbono, que tendría efectos colaterales en sectores como la producción y el encarecimiento de la energía térmica, tan necesaria cuando se secan los embalses en Colombia.

La baja ejecución del presupuesto por parte de varios ministerios, el bajo recaudo de la DIAN, la ausencia de un debate técnico en el Congreso y la incertidumbre de los colombianos sobre un posible aumento de impuestos llevaron al hundimiento prematuro del proyecto. Lo cierto es que esta reforma no era ni tan buena ni tan mala, pero la inversión en las regiones de Colombia para el próximo año se verá recortada en 26 de los 31 sectores de la economía del país.

Como dato, es importante recordar que, en los últimos 10 años, el país ha vivido la aprobación de cuatro reformas tributarias y dos leyes de financiamiento para cumplir con los compromisos pactados por los gobiernos de Santos, Duque y Petro.