Es muy triste para Colombia que una entidad como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sea el centro de un escándalo de corrupción de alcances inconmensurables, en el que estarían comprometidos exfuncionarios del Gobierno Petro, uno de sus ministros, personal de Palacio, congresistas, e incluso el proceso de paz total. En dicha Unidad no debería existir siquiera un mínimo asomo de ilegalidad, porque maneja recursos públicos que se destinan a la atención del riesgo y los desastres que frecuentemente afectan en todo el territorio a familias colombianas.
El propio Estado es el que está dejando de reconocer derechos ciudadanos para desviar recursos a otros asuntos que nada tienen que ver con atender lo público; como sucedió en Caldas en septiembre del 2022 con las inundaciones en Supía. Allí murió una persona, hubo 7 lesionados y 1.300 familias afectadas. Pero no valieron las solicitudes ni los ruegos que hicieron posteriormente el alcalde, la Gobernación y congresistas de la región a la UNGRD para que ayudara a reducir el riesgo de inundaciones por la creciente de los ríos que rodean a este municipio. Ahora se entiende por qué la negativa.
El escándalo comenzó con la salida de Olmedo López como director de la UNGRD, por la compra de unos carros tanque con un sobrecosto de $20 mil millones para llevar agua a La Guajira, que nunca llegó. En mayo, en declaraciones a la prensa ratificó lo dicho por Sneyder Pinilla, exsubdirector, sobre el pago de $4 mil millones a los expresidentes del Senado Iván Name, y de la Cámara Andrés Calle a cambio de favores políticos y por órdenes de un círculo de altos funcionarios del Gobierno. De la UNGRD también habrían pagado a más congresistas a través de contratos, y hasta al Eln para su permanencia en la mesa de diálogo. Se habla de unos $380 mil millones en total, pero no hay cifra establecida porque se siguen conociendo irregularidades como la desaparición de unos computadores de Palacio.
Muy grave que entre los implicados en este entramado estén el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz; el director de Inteligencia, Carlos Ramón González, y recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y personas a su cargo que fueron mencionados en unos chats como presuntos participantes de esta estructura, que está comprometiendo a unos 15 congresistas más. Hasta ahora la Fiscalía decidió abrir investigación, y si en verdad funge como organismo autónomo de la Presidencia deberá empezar a arrojar resultados.
De ser ciertos los señalamientos, el presidente tendrá que tomar cartas en el asunto cuanto antes y prescindir de quien tenga que hacerlo, así se cuente entre sus más cercanos. El Gobierno nacional no puede seguir protagonizando casos de corrupción, porque esto está afectando la imagen del país, mucho menos cuando fue promesa de Petro acabar con este flagelo en su mandato, y para el caso de lo sucedido en la UNGRD son dineros que todas las regiones están necesitando.
