En un rampante desconocimiento del papel esencial que cumplen en toda democracia los medios de comunicación y los periodistas, que son su esencia, la prensa en el mundo no deja de ser atacada por los gobiernos, y unos lo han hecho más que otros con procedimientos tan viles como los asesinatos, el espionaje, las interceptaciones ilegales o el destierro inclusive. Colombia, igual que varios países de Latinoamerica, no ha sido ajena a ello; y en la actualidad, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, el presidente no cesa de tratar de silenciar a la prensa que lo critica, acude a agresiones por sus redes sociales o en discursos, lo que ha sido una constante en casi dos años de mandato.
Esta difícil relación tocó fondo el fin de semana, por revelaciones de periodistas del país que implican en presuntas irregularidades a familiares de funcionarios de confianza del presidente, quien como es ya su costumbre, salió a decir que se estaba imponiendo el periodismo Mossad, en similitud con la agencia de inteligencia de Israel, entre otros duros calificativos que lo único que hacen es poner en riesgo la labor y la vida de los periodistas colombianos, que no pueden seguir siendo vilipendiados por investigar y hacerle seguimiento a los sistemas de poder, que es parte de su función. El Estado debe estar es para protegerlos ante amenazas, para generar un ambiente propicio del ejercicio periodístico.
Pero hasta la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) salió señalada por el presidente al expresarle preocupación ante los constantes ataques a periodistas y a medios de comunicación. Olvida Petro que el rol de este tipo de organizaciones es justamente ese, y con sus pronunciamientos está desacreditando a todo el periodismo nacional, no a alguien en particular sino a todo un gremio en el que pueden haber buenos y malos periodistas, buenos y malos medios de comunicación, y eso no valida que un gobierno salga a frenar que cumplan su deber.
Si un periodista o un medio de comunicación publica falacias, calumnias y no las rectifica, debe ser requerido por la justicia, que se encargará de definir la situación, y las audiencias que se tienen, por sí solas, asumen la labor de evaluarlos; no son los gobiernos a los que les corresponden estas labores, que por manejar información pública están es obligados a suministrarla, y los funcionarios a someterse a un escrutinio mucho más profundo desde el momento en que asumen sus cargos, que son públicos, hasta que los dejan e inclusive posteriormente.

La invitación al presidente Petro es a parar este tipo de ataques a la prensa y a dejar de resistirse a que haya medios de comunicación que lo señalen o lo critiquen. Los contrapesos hacen parte de todo sistema democrático y eso lo sabe. Que sea el presidente no lo acredita a gozar únicamente de las mieles del poder, también debe hacerle frente, y con respeto, a quienes se le oponen de alguna manera. Esto recae también en todos los gobernadores, los alcaldes y funcionarios del Estado que se niegan a entregar información, que la esconden, que dilatan, que no atienden al periodista ni le dan respuestas oportunas sobre temas de interés ciudadano.