Ya son varios los sectores en Colombia que atraviesan algún tipo de crisis: salud, seguridad y defensa, vivienda y construcción, y ahora el energético suscitado por la escasez de gas natural en el país. Las primeras repercusiones, como casi siempre pasa en los estados de exigüidad, son los aumentos de las tarifas, lo que ocurrirá a partir de este mes en varios departamentos y ciudades con incrementos hasta del 36%. En Manizales, otros municipios de Caldas y el resto del Eje Cafetero se prevén aumentos de hasta el 25%.
Las causas de lo que se vive actualmente vienen desde otros gobiernos, pero el actual tampoco mejoró las condiciones desde su llegada en agosto del 2022, ni pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que interviniera. El Gobierno, en una actitud obstinada ha negado que haya escasez de gas o al menos un riesgo por el agotamiento de fuentes y reservas en el país, que unido a la decisión de no firmar nuevos contratos para exploraciones y explotaciones obligó a las comercializadoras a importar gas en una mayor proporción, que es una operación mucho más costosa en contratos y transporte.
Este gas ingresa por Cartagena para abastecer al resto del país, y transportarlo desde esa región va encareciendo el precio del combustible. El mayor costo por la importación es lo que se le está trasladando a los usuarios residenciales, industriales y comerciales. No obstante, el Ministerio de Minas y Energía reacciona calificando estos incrementos como injustificados y pide que las superintendencias investiguen a las empresas, cuando también tienen su pecado al no haber hecho aún todos los giros por concepto de subsidios para los estratos uno, dos y tres; les debe a las comercializadoras de gas 628 mil millones de pesos, incluso al sector eléctrico también le adeuda 2,7 billones de pesos.
De por medio está un servicio esencial para la población. La prioridad de todos los actores debe ser asegurar su prestación para las actividades cotidianas de los colombianos y no inducir a un colapso, mucho menos exponer a un racionamiento que iría en menoscabo del desarrollo económico. Los incrementos en las tarifas del gas con toda seguridad van a reflejarse en aumentos de los precios de otros productos, especialmente de los alimentos, golpeando más a los usuarios.

Hay que encontrar salidas para suplir el déficit de gas en el país, distintas a tener que seguir importando en mayor proporción este combustible, como se ha hecho y se seguirá haciendo, pero no como ahora. El Gobierno es un elemento esencial para lograrlo. No puede seguir evadiendo una relación tranquila y cordial con los comercializadores, lo que no significa tener que abandonar las obligaciones de vigilancia y control para irregularidades como los que insisten en acopiar gas en un momento como este. Se requiere que la CREG actúe con sus técnicos explorando posibilidades para normalizar los precios lo antes posible.