La Gobernación de Caldas debería hacer un firme propósito para el 2025: seleccionar mejores contratistas para las obras públicas; al menos escoger a los que puedan garantizar una estabilidad financiera para cumplir a satisfacción y en los tiempos en que se comprometieron los trabajos contratados con recursos públicos. No se trata de exigir inalcanzables, pensando en contratos tipo sastre para que les sirvan solo a algunos. Hablamos de principios básicos de la contratación relacionados con economía, eficiencia, responsabilidad, oportunidad, calidad y legalidad.

El llamado es por lo que ha pasado, no con todos, pero sí con algunos constructores y firmas escogidas por la anterior Administración departamental para llevar a cabo proyectos viales que son una necesidad en Caldas. Sin embargo, los resultados son incumplimientos, sobrecostos y abandono de trabajos. Ocurre con proyectos de las Vías del Hermanamiento en el tramo Riosucio-Jardín que sigue frenado por acciones legales contra el Consorcio Eleín Samaná, y con esta misma firma también por trabajos inconclusos en la obra Berlín-Florencia de la que se han denunciado supuestos contratos fantasma y obras falsas. A este Consorcio se le entregaron por los dos contratos de mejoramiento y pavimentación $33 mil 462 millones.

El Consorcio Vial Nazareth, sin dar aviso previo, suspendió esta semana obras en unos dos kilómetros entre Termales y El Arbolito por problemas económicos. Según indicó la Secretaría de Infraestructura de Caldas, fue una medida inesperada, y eso en el sector público debería ser drásticamente sancionado. Estas obras se iniciaron el 19 de enero del 2023, contratadas por la Administración de Luis Carlos Velásquez para terminarlas en enero del 2024, pero no cumplió. Tampoco fue suficiente una prórroga de cuatro meses hasta mayo, lo que hizo fue suspender obras por unos cinco meses, que reinició en julio.

Como si fuera poco con este contratista, la actual Gobernación, de Henry Gutiérrez, le dio otra prórroga hasta este mes de diciembre para culminar y se adicionaron al valor del contrato unos $5 mil 793 millones para rehabilitar cerca de 450 metros de vía en el sector de Ternium, pasando de unos $9 mil millones a $14 mil 793 millones, sin contar la interventoría; así en el contrato inicial y en la valla del proyecto haya aparecido que los trabajos eran en el trayecto Puente de la Libertad-Termales-El Arbolito, para unos 14 kilómetros de vía, pero el Consorcio se concentró entre Termales El Otoño y el Acuaparque. Nada de esto se justifica.

Lo más grave es que se está afectando al sector turístico, comercial e industrial saliendo de La Enea, en Manizales, para llegar a la vereda Gallinazo, de Villamaría, donde reside una población grande. No solo se le está incumpliendo a la Gobernación como contratante; se está obligando y exponiendo a las personas a tener que transitar entre obras inconclusas; por vías destapadas, sin orientador vial y sin señalización adecuada. Infraestructura de Caldas debe actuar pronto con estos contratistas y por vías legales para que terminen cuanto antes las obras. Son contratos que no se pueden dejar convertir en obras inconclusas, mientras las comunidades son las que están sufriendo las consecuencias.